1 comentario publicado Cada vez que suben los precios de la energía, vuelve a aflorar la misma propuesta: gravar los beneficios “extraordinarios” de las empresas energéticas. En esta ocasión, los ministros de economía de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal se han puesto de acuerdo para pedir a la Comisión Europea establecer un “gravamen coordinado” sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas energéticas como resultado del incremento en el precio de las energías en el contexto de la guerra de Irán.
En una primera aproximación, lo que los gobiernos de estos países persiguen es devolver a sus respectivos consumidores los beneficios que las empresas energéticas pudieran obtener en situaciones no esperadas de subidas de precios. Por tanto, es una medida que busca sólo la redistribución de rentas confiando en que no va a afectar a las decisiones de las empresas energéticas y que no va a tener consecuencias a corto, medio o largo plazo.
Sin embargo, la debilidad del argumento queda al descubierto cuando lo que se producen son bajadas de precios en el mercado y pérdidas inesperadas por parte de las empresas. Por ejemplo, cuando el gobierno deprimió el precio del mercado eléctrico al impulsar una inversión descontrolada en renovables a partir de 2007 y hundió los ingresos de todas las instalaciones de generación ya instaladas.
Si al Gobierno le preocupara realmente contrarrestar el impacto de las crisis, también habría intervenido en ese caso para transferir rentas desde los consumidores a las empresas energéticas; pero no hizo nada por el estilo (de hecho, agravó el problema al eliminar los pagos por capacidad) limitándose a defender su inacción alegando que “así funcionan los mercados liberalizados”.
Por otra parte, la simplicidad teórica del planteamiento esconde una complejidad económica considerable y efectos indeseados que afectan a los diferentes mercados energéticos en distinta medida.
El mercado funciona
Un primer problema es que, para que los mercados funcionen de manera eficiente y generen los precios más bajos para los consumidores en el medio y largo plazo, es necesario que las empresas puedan retener los beneficios de sus decisiones. El Gobierno tiende a ver los beneficios como un síntoma de que los mercados no funcionan, mientras que -en ausencia de fallos de mercado- los economistas los ven como una señal a las empresas de que hay un problema de escasez y que induce a las empresas a resolverlo y a adaptar su comportamiento para reducir el riesgo de que se vuelvan a producir en el futuro. Por ello, al intervenir en los mercados (y, no nos engañemos, modificar los beneficios obtenidos del mercado es una intervención en el mercado), el Gobierno impide su correcto funcionamiento y agrava el problema.
Así, por ejemplo, en la actual tesitura, es deseable que las empresas energéticas se esfuercen en buscar fuentes alternativas de suministro. Esas fuentes existen, pero tienen un coste, y las empresas se arriesgan a que, una vez adquirida esa energía, el conflicto de Irán se desactive y que acaben teniendo que revender esa energía a un precio menor que el precio al cual la compraron. La posibilidad de obtener un beneficio es lo que motiva esas compras, pero si resulta que esos beneficios se gravan como si fueran “extraordinarios”, el incentivo a adquirir esa energía se reduce y el precio en España se incrementa por la falta de suministro.
Qué es un beneficio extraordinario
Otro problema radica en cómo identificar qué es exactamente un “beneficio extraordinario”. La realidad es que los gobiernos no pueden identificar qué beneficios son debidos a la crisis energética y cuales responden a decisiones empresariales, inversiones o mejoras de eficiencia. Las empresas diversifican habitualmente sus inversiones y fuentes de aprovisionamiento, precisamente para cubrirse del riesgo de que se produzca un problema con el suministro.
Cuando se produce una crisis “inesperada”, las empresas energéticas que diversificaron sus fuentes de suministro obtienen unos beneficios que el Gobierno -desde su desconocimiento- malinterpreta como beneficios “caídos del cielo”, cuando en realidad son el fruto de decisiones de inversión o aprovisionamiento que no han estado exentos de costes para las empresas energéticas.
Dada esta dificultad para distinguir beneficios “inesperados” de los resultantes de una decisión corporativa, los impuestos sobre beneficios “extraordinarios” acaban siendo implementados como impuestos sobre los “incrementos” en los beneficios, penalizando con ello comportamientos que, en realidad, son deseables y deberían incentivarse. Y el gobierno acaba inventándose reglas arbitrarias y caprichosas que, por ejemplo, denominan “extraordinarios” a los beneficios que excedan en más de un “X%” la media de los beneficios obtenidos en los “Y” últimos años. Por ello, en la práctica, estos impuestos terminan gravando simplemente a las empresas que ganan más en un momento determinado, sin importar el porqué.
Ajustes contables
Otro problema es que la aplicación de impuestos sobre los beneficios extraordinarios lleva lógicamente a las empresas a aplicar ajustes contables que reducen los beneficios que reportan. Una empresa petrolera o gasista puede, por ejemplo, reducir los beneficios que reporta en el país en el cual se aplican los impuestos sobre beneficios extraordinarios simplemente asignando a dicho mercado los contratos internacionales de suministro más caros o efectuando transacciones intra-compañía de compraventa de petróleo o gas allende la frontera que incrementan artificialmente el precio de las importaciones de energía que declara en aduanas y que refleja en su contabilidad.
En el contexto de la invasión rusa de Ucrania, esa dificultad para identificar beneficios extraordinarios llevó al gobierno español a aplicar impuestos sobre los supuestos beneficios extraordinarios de las empresas energéticas que, en realidad, eran impuestos sobre sus ingresos.
En algunos casos, los impuestos eran mayores que el margen que las empresas obtenían y, aunque el gobierno estableció una prohibición explicita de repercutir esos impuestos en los precios aplicados a los consumidores, el normal funcionamiento de los mercados hace que esos impuestos incrementen el precio que pagan los consumidores, porque se reduce la competencia y se posponen inversiones. El coste no desaparece porque el Gobierno así lo decrete; simplemente se desplaza y se difumina. Y, como ocurre casi siempre en economía, acaba repartido entre consumidores, trabajadores y accionistas.
Para evitar este problema, otro enfoque explorado por el Gobierno, y que aparentemente se encuentra en la propuesta remitida a la Comisión Europea, es que las empresas energéticas paguen impuestos extraordinarios no sólo por el incremento en los beneficios que obtengan en el país, sino también por los que obtengan en el extranjero.
Pero esta estrategia no implicaría una transferencia de rentas a los consumidores españoles por los beneficios obtenidos de la venta de energía a esos consumidores, sino desde los consumidores extranjeros hacia los españoles, debilitando el argumento moral en el que se apoyan estos impuestos. Además, pondría a las empresas europeas en una clara situación de desventaja competitiva, ya que implica que un mismo negocio o inversión (p.ej. un pozo de petróleo) acometido por una empresa americana ofrecerá una mayor rentabilidad a sus accionistas que si es acometido por una empresa europea, que se encontrará sometida a una mayor carga fiscal.
Impactos
A corto plazo el impacto no es visible, pero a medio y largo plazo las empresas europeas serán menos competitivas y el incentivo de las empresas será a segregar y vender las actividades en el extranjero, para incrementar así el valor para los accionistas. De este modo, las actuales empresas energéticas multinacionales se convertirían en empresas de ámbito puramente nacional, y el impuesto “extraordinario” no sólo no reportaría mayor recaudación (ya que no tendrían ingresos en el extranjero) sino que se perderían los empleos de alta calidad en el país en el que se encuentre la sede de la matriz y desde la que se gestionan esos negocios internacionales.
Por lo tanto, aunque imponer impuestos sobre beneficios extraordinarios puede parecer atractivo, se trata de una medida con múltiples problemas de implementación y efectos indeseados. Por ello, sólo se debería adoptar donde la crisis haya tenido más impacto, de modo que los efectos deseados compensen los indeseados.
Así, por ejemplo, cabe señalar que mientras que en el mes de marzo el precio del Brent ha estado un 70% más alto que hace un año y el precio del gas en el mercado mayorista un 60% más alto que hace un año, el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha estado un 20% más bajo que hace un año, gracias a la producción renovable y nuclear (con precios incluso negativos en muchas horas). Además, en los sectores eléctrico y gasista la mayoría de los consumidores tienen contratos de suministro a precio fijo (algunas empresas incluso ofrecen contratos de precio fijo a 10 años), de tal modo que esos consumidores no se han visto afectados por la crisis.
En este contexto no parecería tener mucho sentido aplicar un impuesto sobre los beneficios “extraordinarios” de las empresas eléctricas, ya que los eventuales incrementos en los beneficios que puedan experimentar esas empresas son beneficios “ordinarios” que no se deben al incremento en el precio de la energía que venden, sino a inversiones y ganancias de eficiencia.
De carácter estructural
En cualquier caso, si cada vez que se incrementa el precio de la energía se aplica un impuesto, lo que han planteado nuestro ministro de economía no es realmente un impuesto “extraordinario”, sino un impuesto “estructural” que afecta a las decisiones de empresas y consumidores, reduciéndose así la resiliencia de la economía ante las crisis energéticas. En este sentido, cabe recordar que el impuesto especial sobre el consumo de electricidad se creó como un recargo en las facturas para apoyar a la industria minera, mientras que el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica se creó para mitigar el déficit tarifario; ambos son problemas ya ampliamente superados y, sin embargo, los impuestos se siguen aplicando y creando distorsiones.
La guerra de Irán ha vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las economías europeas a las tensiones geopolíticas. España tiene la oportunidad de continuar reduciendo su dependencia de las energías que se ven afectadas por conflictos internacionales. Para ello, debe incrementar las inversiones en aquellas tecnologías renovables que han reducido su coste, apostar por el almacenamiento (baterías y bombeos), extender la vida de las centrales nucleares (porque, en ausencia de impuestos distorsionadores, estas inversiones se recuperarían y, por tanto, es un decisión que genera valor e incrementa el bienestar social) y disponer de infraestructuras de red que sean capaces de crecer al ritmo que imponga la electrificación de la demanda.
Eso exige capital, riesgo y expectativas de rentabilidad. Esto no significa que no sea necesario revisar la fiscalidad del sector energético, pero lo que debe plantearse es una reforma fiscal medioambiental, no impuestos demagógicos y oportunistas. Si cada vez que los precios suben el gobierno interviene para “redistribuir” rentas, el resultado es previsible: menos inversión, menos contratos de largo plazo y, en última instancia, un sistema energético más vulnerable ante las crisis energéticas, en perjuicio de los consumidores.
Óscar Arnedillo, Marcelo Rabinovich y Jorge Sanz (Director Gerente Senior y Directores en NERA, respectivamente)
Cry in corporate
14/04/2026