¿Se están dando las señales correctas para descarbonizar a mínimo coste?

Desde que, en el año 1993, el concepto se introdujo en la Directiva 93/76/CEE, se nos ha trasladado el mensaje de que, en la lucha contra el cambio climático, “la eficiencia es lo primero” (“efficiency first”).  Esta pegadiza y biensonante frase se ha utilizado hasta la saciedad para defender que los principales esfuerzos deben orientarse al ahorro energético porque invertir en ahorro es sinónimo de eficiencia y porque dejar de consumir energía es, de algún modo, intrínsecamente bueno.

Si se tratara de un mero slogan, no tendría mayor importancia.  Pero no es un mero slogan ya que la UE se ha comprometido a ambiciosos objetivos de ahorros de energía como parte de su estrategia de lucha contra el cambio climático. Se trata de un enfoque equivocado que puede dar lugar a un despilfarro de recursos que acabe provocando rechazo social hacia la lucha contra el cambio climático.

Y ello, porque el despilfarro de recursos tiene inevitablemente efectos no deseados sobre la competitividad de las empresas y sobre la capacidad adquisitiva de las familias. Para que la lucha contra el cambio climático sea “sostenible” en el tiempo, la descarbonización debe realizarse al mínimo coste.

El objetivo de este artículo es ilustrar por qué algunas premisas que se dan por buenas (como la de “la eficiencia primero” o el hecho de considerar que el consumo de energía renovable es tan malo como el consumo de energía fósil) son incompatibles con una descarbonización sostenible.

En primer lugar, no todas las actuaciones que persiguen ahorro de energía son eficientes desde el punto de vista económico (es decir, son de mínimo coste). Si el ahorro de energía se consigue simplemente cambiando los hábitos de consumo o poniendo burletes en ventanas o puertas, reducir el consumo no conlleva un gasto significativo.

Pero, en contraste, el coste de los aislamientos térmicos de edificios o el sobrecoste de adquirir equipos más eficientes puede ser superior al valor de la energía ahorrada a lo largo de la vida útil de esa inversión.  Por ello, aunque pueda parecer paradójico, la eficiencia (desde el punto de vista del consumo de energía) no es siempre eficiente (desde el punto de vista económico o del uso de recursos).

La eficiencia en el sistema

De hecho, el ahorro de energía final ni siquiera conlleva necesariamente una reducción en las emisiones, en cuyo caso, ni siquiera contribuye a la lucha contra el cambio climático. En efecto, cuando se introdujo el concepto de “la eficiencia primero”, el suministro de electricidad provenía fundamentalmente de instalaciones emisoras de gases de efecto invernadero.  Pero en la actualidad, la mayor parte de la generación de electricidad proviene de instalaciones libres de emisiones y su aportación seguirá creciendo a lo largo de los próximos años.

En este contexto, el principal efecto que tendrán las inversiones en eficiencia energética no es evitar el consumo de combustibles y las consiguientes emisiones de gases de efecto invernadero, sino evitar inversiones en instalaciones de generación alimentadas por fuentes de energía renovable.

Desde una perspectiva ambiental más amplia que la de las meras emisiones, podría parecer que reducir la necesidad de inversiones en instalaciones de generación renovable es deseable porque reduce el impacto ambiental derivado del uso de recursos escasos.  Sin embargo, las inversiones en eficiencia energética también conllevan inversiones y uso de recursos escasos.

Y, en la medida en que el precio de los bienes refleja la escasez de los recursos que incorpora, cuando el coste de las inversiones para conseguir ahorros de energía es superior al coste de la energía ahorrada, eso significa que estamos usando más recursos escasos para reducir el consumo que los recursos que se habrían consumido si no se hubiera acometido tal inversión.

Los factores de paso

Si se considera (erróneamente) que reducir el consumo de energía renovable es tan deseable como reducir el consumo de energía fósil, se estará induciendo a los consumidores a tomar decisiones equivocadas. Esto ocurre por culpa de los denominados “factores de paso” o “factores de energía primaria” (“primary energy factors”, en terminología anglosajona) que se utilizan para convertir el consumo de energía final en consumo de energía primaria y que sirven de base para establecer la calificación energética de, por ejemplo, edificios y electrodomésticos.

La normativa europea establece un factor de paso igual al inverso de la eficiencia de cada tecnología, igual a 3 para las centrales de carbón (dada una eficiencia del 33%), igual a 2 para las centrales de ciclo combinado de gas (dada una eficiencia del 50%), y de 1 para las instalaciones alimentadas por fuentes de energía renovable (bajo la premisa de que ninguna central puede tener una eficiencia mayor que 100%), reflejando en cada caso cuántos kWh de energía primaria se usan para producir 1 kWh de electricidad.

El resultado es un factor de paso “por defecto” de 1,9 que los Estados miembros deben utilizar para convertir la electricidad en energía primaria (Directiva (UE) 2023/1791 relativa a la eficiencia energética).  Es decir, la regulación europea asume que cada kWh de electricidad consumido conlleva el consumo de 1,9 kWh de energía primaria. En contraste, para el consumo de gas natural en una caldera de combustión, el factor de paso se ha fijado en 1,1 kWh (el inverso de una eficiencia del 90%). La señal que se está dando es que es preferible usar gas en las viviendas que usar electricidad (aun cuando la electricidad haya sido generada con energías renovables).

Los Estados miembros no están obligados a utilizar ese factor de paso “por defecto” sino que pueden calcular su propio factor de paso en base al mix tecnológico que utilizan para producir electricidad. Pero, en ese caso, la normativa europea exige aplicar un factor de paso igual a 1 para la electricidad producida con energías renovables, de modo que incluso si solamente un 20% de la energía proviene de centrales de gas de ciclo combinado, el factor de paso se seguirá situando por encima del de gas (80% de generación renovable con un factor de 1 es igual a 0,8 y 20% de generación de gas con un factor de 2 es igual a 0,4, lo que da como resultado un factor de paso de 1,2 kWh de energía primaria por cada kWh de electricidad producido).

Pésima señal

Pero, claramente, eso no tiene sentido.  Cada kWh de energía térmica producida con una caldera de gas requiere 1,1 kWh de consumo de gas, mientras que, si la caldera es eléctrica y sólo un 20% proviene de centrales de gas de ciclo combinado, consumir 1 kWh de electricidad sólo implica consumir 0,4 kWh de gas.

Este sesgo en contra del aprovechamiento de las energías renovables y a favor del consumo de energías fósiles debido a una señal (el factor de paso) mal diseñada va en contra de la lucha contra el cambio climático.  Cuando se usa energía renovable no se está “consumiendo” energía, sino simplemente se está “aprovechando” porque, de otro modo, esa energía simplemente se disipa y en ningún caso estará a disposición de generaciones futuras.

Por ello, a efectos de la lucha contra el cambio climático, usar energía eléctrica que proviene en un 50% de energías renovables tiene el mismo impacto que una inversión en ahorro energético (como aislamiento) que redujera el consumo energético en ese mismo porcentaje.

Por todo ello, el factor de paso para convertir la electricidad de origen renovable en energía primaria no debería ser igual a 1, sino igual a 0. Lo contrario equivale a equiparar las energías fósiles a las renovables; a promover el uso de energías no sostenibles; y a encarecer innecesariamente la lucha contra el cambio climático.

La Comisión Europea está trabajando en las directrices concretas para desarrollar el concepto de “edificios de cero emisiones” (definido por la Directiva EU/2024/1275), por lo que es el momento idóneo para corregir este error. En particular, está reflexionando acerca de las recomendaciones a los Estados miembros sobre cuáles deben ser los factores de paso a aplicar a la energía producida en los edificios (que puede ser consumida en ellos o exportada) con el consiguiente impacto sobre la calificación energética de los edificios.

El problema de los edificios

En la medida en que el suministro de calor a los edificios es una actividad donde la descarbonización es muy lenta (porque los consumidores sustituyen sus equipos cuando dejan de funcionar o hacen una reforma en sus casas), mantener unos factores de paso mal definidos no hará sino perjudicar la lucha contra el cambio climático.

Los factores de paso no son el único ejemplo de señales incorrectas que obstaculizan la lucha contra el cambio climático. No tiene sentido declararse comprometido con la lucha contra el cambio climático si se mantiene una fiscalidad energética pensada para recaudar en lugar de para reflejar el coste de los daños ambientales asociados al consumo de cada fuente de energía.

Tal como se mostró en el informe del Grupo de Expertos para la Transición Energética, sobran cargos que gravan las energías no emisoras y faltan tributos que graven a las energías contaminantes. Si los intereses recaudatorios del Ministerio de Hacienda se siguen imponiendo, y se pretenda promover la descarbonización simplemente mediante subvenciones (con los problemas que conllevan), la descarbonización será ineficiente y supondrá un esfuerzo desmedido por parte de los bolsillos de los ciudadanos, que se podría haber evitado.

En conclusión, para descarbonizar a mínimo coste, lo que hay que hacer es trasladar a los consumidores señales que les indiquen cuál es el impacto de sus decisiones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.  Si seguimos tratando el ahorro de energía como algo intrínsecamente bueno (con independencia de su coste), y considerando que el consumo de energía final es intrínsecamente malo (aunque se esté aprovechando energía primaria de origen renovable), lo único que se consigue es fomentar actuaciones ineficientes y promover el consumo continuado de combustibles fósiles.

Este efecto pernicioso se intensifica si, además, mantenemos una fiscalidad que subvenciona los combustibles fósiles (particularmente, el gasóleo) y las calificaciones energéticas (los factores de paso) penalizan el consumo de electricidad producida con energía renovable. El resultado de esta estrategia equivocada será un mayor coste para los hogares, un desincentivo para la electrificación de las industrias y el fracaso de la lucha contra el cambio climático.