El informe de la Comisión de Expertos creado por el Gobierno, a instancias del Congreso, para asesorar la estrategia de energía y clima, recomienda aplicar impuestos verdes a vuelos domésticos y a los buques contaminantes que atraquen en puertos, y que parte de su recaudación vaya a los ayuntamientos.
La recomendación de abordar la incidencia de los buques en la calidad del aire de las ciudades donde atracan, incluida en el capítulo dedicado al transporte del documento de 500 páginas al que ha tenido acceso Efe, se hace pública a dos semanas de que la Organización Marítima Internacional (OMI) se reúna para decidir cómo atajar este problema.
Además, proponen acelerar el cambio de los combustibles marítimos tradicionales hacia el gas licuado, así como un diseño tarifario que tenga en cuenta las características del atraque y suministro a buques y dirija las inversiones necesarias hacia la electrificación y suministro de gas en puerto.
Los expertos concluyen que la fiscalidad ambiental es la vía para descarbonizar todas las modalidades de transporte, la principal fuente de emisiones contaminantes en España, y subrayan que mientras se instaura el impuesto al CO2 que sugieren, se debe incrementar el tipo impositivo aplicable al gasóleo hasta un 29 %.
Prevén que en 2030 habrá 2,4 millones de coches eléctricos e híbridos enchufables (un 10 % del parque) pero matizan que el dato, muy por debajo de las previsiones de los países del entorno, es mejorable si bajan los costes, o se apoya el despliegue de puntos de recarga.
Un entorno adecuado para promover la I+D+i del coche eléctrico en España sería vital, dada la relevancia del sector de la automoción.
La descarbonización del transporte de mercancías alcanzaría su máximo potencial con el uso de camiones eléctricos, otros propulsados por gas para el tráfico más pesado y el traspaso de parte de la carga al tren.
Pare esto último, advierten de que hace falta un mayor impulso para superar barreras que frenan su desarrollo como la falta de capilaridad de la red ferroviaria, la necesidad de invertir para eliminar cuellos de botella, el desdoblamiento de vías y su electrificación, así como el incremento del parque de máquinas eléctricas.
A la hora de abordar el ahorro y eficiencia energética, los expertos destacan el papel decisivo del parque de 25 millones de viviendas de España (dos tercios de ellas construidas antes de 1990), que representan el 31 % del consumo final de la energía y alrededor del 11 % de las emisiones.
En ese sentido, recomiendan la pronta elaboración de una nueva estrategia de rehabilitación energética para 2020-2030, la revisión del Código Técnico de la Edificación, el apoyo al autoconsumo eléctrico (suprimiendo el llamado impuesto al sol) y de renovables térmicas "in situ", o la promoción de sistemas centralizados de redes de calor de alto rendimiento.
Los expertos reconocen que habrá sectores y empresas que no podrán adaptarse a una economía libre de emisiones, y urgen medidas de reactivación económica, capacitación y protección social para los mismos.
En el caso de las empresas susceptibles de cierre o reconversión, hablan de elaborar planes específicos con medidas de formación y recolocación de los trabajadores afectados.
Una transición justa también debe contar con un Bono Social Energético que garantice el acceso a todos los suministros energéticos y la protección frente a cortes a todos los consumidores vulnerables, no sólo a los severos como en la actualidad.
Otra de las claves será la evolución hacia redes inteligentes que faciliten la transición energética contribuyendo a la penetración de las renovables, del vehículo eléctrico y de la gestión del consumo por parte de los hogares.
Respecto a la gobernanza, el grupo de sabios advierte de que las decisiones que se tomen ahora en energía y clima "pueden acarrear cambios irreversibles en el futuro", por lo que los intereses generacionales y la solidaridad deben estar en el núcleo de las mismas.
Concluyen que la transición ha de ser inclusiva y participativa, y que para ello se requiere de una mayor colaboración entre administraciones y de un alto grado de transparencia.
En esa línea, plantean la creación de un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático, integrado por expertos en las materias y dotado de presupuesto y medios, para llevar a cabo una evaluación rigurosa, independiente y continuada del cumplimiento de los objetivos.
Un reportaje de Caty Arévalo para la Agencia EFE.
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