Los mineros españoles, los que más ayudas han percibido de toda Europa para afrontar la transición del carbón

La Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición, que representa a todos los territorios de la UE donde la minería del carbón sigue considerándose un motor económico, se ha ido a Bruselas a celebrar dos días de ronda de trabajo en la Conferencia “Regiones del carbón en transición: financiación e inversiones”. En ella los responsables de gobierno de las Comunidades Autónomas mineras, Castilla y León, Asturias y Aragón, han pedido que no se elimine la actividad minera del carbón y que las zonas mineras reciban más fondos por parte de los instrumentos financieros de la UE.

Sin embargo, no es posible prolongar las ayudas a la minería del carbón. "La mayoría de las minas de carbón están sujetas a un Plan de Cierre, elaborado en base a la Decisión 2010/787/UE. Esta Decisión establece que aquellas minas no competitivas podrían recibir ayudas para el cierre hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha en la que deberán cerrar o devolver las ayudas recibidas en caso de seguir funcionando. Esta Decisión también prevé otro tipo de ayudas de carácter social, de reconversión de las comarcas", explican a este diario fuentes de iidma (Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente), con lo que las peticiones de estas regiones por perpetuar la industria del carbón no tienen mucho recorrido.

Y más aún cuando España ha recibido en los últimos diez años, más del 40% de las ayudas europeas para el apoyo a la transición, según el informe "Cutting Europe’s lifelines to coal", elaborado por ODI (The Overseas Development Institute). De los 859 millones de euros que se destinaron anualmente a esta partida desde 2005 a 2016, 372,8 millones terminaron en las cuencas mineras españolas, es decir, 3.728 millones de euros en total. Teniendo en cuenta que a día de hoy existen unos 3.000 mineros. Hagan cuentas.

Muy por detrás están los tradicionales países carboneros, como Alemania, con 176,1 millones, o Polonia, con 273,5 millones, y más aún el resto de países europeos que han tenido industria minera, como República Checa (8M€), Hungría (28,7M€), Francia (0), Grecia (0), Italia (0), Holanda (0) y Reino Unido (0), que o apenas han recibido ayudas o no las han recibido para su reconversión.

"Unos quieren utilizar esta plataforma para salvar la industria minera mientras que otros queremos que sea una plataforma de transición fuera del carbón", ha explicado el eurodiputado de EQUO, Florent Marcellesi, en representación de Los Verdes/ALE, en su intervención en la Conferencia, "unos quieren fondos para no sabemos qué objetivos exactamente mientras otros pedimos que se utilicen de forma eficiente los fondos ya existentes, pedimos valentía y claridad política: poner fecha al fin del carbón".

En total, esos fondos, en los últimos diez años, han representado anualmente 6.300,3 millones de euros, de los cuales 754,4 millones han llegado desde Europa a nuestro país para la extracción de carbón, el apoyo a la transición (trabajadores y comunidades), el desmantelamiento y la rehabilitación ambiental, los mecanismos de capacidad o la investigación y desarrollo, entre otros. Esto supone que en los últimos diez años, el sector del carbón en España han recibido alrededor de 7.544 millones de euros desde 2005 a 2016 para una transición que no se ha producido.

Y sin embargo, las comunidades mineras quieren más ayudas. El consejero de Empleo, Industria y Turismo de Asturias, Isaac Pola, ha defendido en el Parlamento Europeo que no se elimine la actividad minera del carbón y que la transición energética se haga con "el debido equilibrio ambiental, social, económico y técnico". Pola ha asegurado que "siempre hemos propugnado una transición gradual, justa y equilibrada y que pasa por no eliminar la actividad minera",  por eso, ha señalado que se puedan aplicar "más fondos a proyectos al desarrollo de comarcas mineras".

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha defendido que se "reprogramen" los fondos europeos actuales para poder destinar más dinero a los municipios con fuerte implantación de la minería de carbón con el fin de revitalizar su economía.  Para la responsable castellanoleonesa, es importante mantener un 5% de carbón dentro del "mix" energético ya que esto "no afectaría al medio ambiente" porque mediante la investigación se puede conseguir que el carbón "sea más limpio".

"No solo pedimos la salida total del carbón en Europa para 2030 (para España, hablamos del cierre de las minas para finales del 2018 y de todas las plantas de carbón a más tardar en 2025, empezando desde ya con las menos eficientes) también que no se planteen falsas soluciones tipo CCS (Captura y Almacenamiento de Carbono", añade el eurodiputado ecologista, "en definitiva, no se trata solo de disponer del dinero de la Unión Europea: se trata de utilizar los recursos ya disponibles y saber cómo gastarlos para promover y fomentar una transición justa y verde".

Situación del carbón en España

La producción nacional de carbón en España disminuyó considerablemente entre 1990 y 2014, provocando una caída en el número de trabajadores del sector minero, que pasaron de 45.200 a 3.126 personas. Hoy en día, la mayor parte del carbón que se quema en España es carbón importado según datos de 2015 de la Agencia Internacional de la Energía.

Y además de recibir las subvenciones europeas, a nivel nacional también se ha subvencionado esta industria. Incluso, según el informe de ODI, "en la anterior legislatura, se propuso introducir nuevas subvenciones para apoyar la minería del carbón y la energía procedente del carbón", pese a que la Unión Europea ya marcaba una reducción significativa de las mismas.

En el marco del Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón (2006-2012), el Gobierno subvencionó los costes operativos de los productores nacionales de carbón, incluido el grupo HUNOSA y ofreció garantías a los proveedores de carbón mediante cuotas de volumen y obligaciones de suministro al mercado nacional.

El presupuesto total asignado para apoyar la transición de España hacia un sector de la minería del carbón no subvencionado fue de 2,1 billones de euros entre 2011 y 2021, y eso pese a que el plan de cierre, aprobado por la Comisión Europea, especificaba que el apoyo anual al cierre tenía que pasar de 291 millones a 50 millones de euros por año y que las “ayudas por costes excepcionales” pasarían de 316 millones a 75 millones de euros entre 2011 y 2016.