Los ministros o responsables de Energía de los 27+1 países miembros de la Unión Europea se sientan este martes cara a cara en un Consejo Informal para adoptar una postura común sobre la Directiva de Diseño de Mercado Eléctrico, que luego defenderán en los trílogos, frente al Parlamento y la Comisión Europea.
Y como ya es habitual, los bloques de poder se están alineando para hacerse fuertes e intentar imponer sus criterios por mayoría. No es un secreto que Alemania es el peso pesado en las decisiones, y que decantará la balanza hacia un mercado eléctrico más conservador o hacia un escenario más renovable y con mayor flexibilidad en la gestión de la demanda. Sin embargo, en este juego, también la posición de España podría servir de fuerte contrapeso y ser determinante para inclinarla hacia una u otra dirección.
El límite de los 550 gr CO2/kWh
Este es probablemente el problema más visible y el más debatido. Y aunque el límite de emisiones de CO2 propuesto ha encontrado una fuerte resistencia de varios países liderados por Polonia, se ha aprobado tanto por el Parlamento Europeo como por la Comisión, y tiene un amplio respaldo en el Consejo, lo que hace pensar que este límite se aprobará finalmente en la Directiva.
Sin embargo, también hay que fijarse en los detalles de la ley, la letra pequeña. Las propuestas de los dos cuerpos legislativos podrían alterar drásticamente el impacto del futuro libro de reglas del mercado mayorista sobre los mecanismos de capacidad existentes y planificados.
Y uno de esos escollos son "las reservas estratégicas". A raíz de esta figura inventada por Alemania, se formó un sólido grupo de siete países, compuesto por Francia, Polonia, Italia, Hungría, Grecia, Irlanda y el Reino Unido, que emitieron su posición común sobre la reforma del mercado eléctrico europeo y que ha sido publicado por Euractiv.com.
El ministro de Energía italiano del partido 5 Stelle (M5S_) _anunciaba pocos días después que se retiraba porque necesitaba "más tiempo para profundizar y, cuando fuera necesario, remodelar nuestra posición" y porque quería "evitar que los pagos por capacidad favorecieran a las centrales eléctricas insostenibles desde un punto de vista ambiental".
Aparte de esta salida de última hora, el resto de esos países quieren mantener la figura de los pagos por capacidad a largo plazo y critican que las "reservas estratégicas" de electricidad no deberían recibir un trato favorable por parte de los reguladores.
En 2015 el país de Angela Merkel cerró ocho centrales eléctricas de lignito y las transfirió a una "reserva estratégica" para que se pudieran utilizar como respaldo en caso de emergencia, lo que ha hecho levantar ampollas en los países más carboneros pero también en el nuclearizado Francia.
Evaluación nacional o europea
Otro de los asuntos que defiende este grupo y que choca frontalmente con las posiciones de la Comisión Europea y el Parlamento es la evaluación sobre la seguridad de suministro, es decir, cuántas centrales eléctricas deberían ser necesarias para asegurarse la****energía.
Ambas instituciones aprobaron que esta evaluación fuera a nivel panaeuropeo para así evitar que cada país decidiera individualmente sus necesidades energéticas, lo que podría provocar que antepusieran el interés nacional al comunitario .
Sin embargo, el grupo liderado por Polonia y Francia prefieren que cada país evalúe su sistema. En el informe señalan que "una adecuada evaluación es una herramienta clave para descubrir los problemas de los recursos energéticos. [...] Sin embargo, ni un solo estudio europeo ni evaluaciones regionales pueden reemplazar las evaluaciones nacionales. Como la seguridad del suministro puede manifestarse a nivel local, las evaluaciones nacionales son esenciales para abordar estos problemas y especificidades locales relevantes con una mayor sensibilidad. El resultado de una evaluación de adecuación europea no debe ser el factor decisivo para determinar si un mecanismo de capacidad puede operar; más bien, debería usarse para complementar las evaluaciones nacionales y regionales al determinar si una es permisible".
Pero, ¿cuál es la posición que defiende España? Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica han dicho a este diario que "insistiremos en las interconexiones y en la capacidad regional ibérica de actuaciones para mejorar la competencia y evitar distorsiones mientras las interconexiones no sean mayores". Todo apunta a que están a favor de una evaluación nacional o "ibérica", ya que una de las cuestiones es si las interconexiones transfronterizas deben tenerse en cuenta al decidir si un estado miembro de la UE puede establecer un mecanismo de capacidad nacional u otro.
En el caso de Alemania, el misterio es mayor. La coalición federal entre socialdemócratas y conservadores no deja claro cuál va a ser la posición del ministro de Energía y Economía, Peter Altmaier, pero los estados alemanes presionan para que se mantenga el uso del carbón durante 30 años hasta que el país se acerque al plazo de abandono del combustible fósil, aún sin fijar.
A Alemania y a España les toca mover ficha y pronto. Su posición determinará la figura de los mecanismos de capacidad en el futuro mercado eléctrico europeo, y abrir la caja de Pandora antes de llegar a los trílogos que comienzan en octubre.
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