APPA Biogás ha advertido de que la moratoria al desarrollo del biometano en Navarra pone en riesgo más de 500 millones de euros de inversión renovable, además de empleo rural, actividad industrial y una oportunidad estratégica para convertir residuos orgánicos en energía renovable, fertilizantes sostenibles y reducción de emisiones.
La Asociación defiende que Navarra no debe elegir entre el desarrollo del biometano y la protección del territorio. Al contrario, considera que la respuesta adecuada a las preocupaciones sociales debe ser una implantación ordenada, transparente y con garantías, basada en criterios claros de ubicación, dimensión de los proyectos, trazabilidad de los residuos, control del digestato, participación local y supervisión ambiental.
“El biometano no debe desplegarse de cualquier manera, pero tampoco tiene sentido paralizar una tecnología renovable que puede ayudar a resolver problemas reales del territorio. La solución no es bloquear, sino exigir proyectos bien diseñados, bien integrados y con todas las garantías ambientales”, señaló Javier Alberto Muñoz, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de APPA Renovables.
Una tecnología para gestionar y tratar residuos que ya existen
APPA Biogás recuerda que los residuos agroganaderos, agroindustriales y orgánicos ya están presentes en el territorio. La digestión anaerobia permite tratarlos de forma controlada, producir gas renovable y generar digestato, que puede utilizarse como fertilizante orgánico bajo criterios agronómicos.
Bien gestionado, el biometano no crea un nuevo problema ambiental: contribuye a transformar residuos en recursos, reduciendo emisiones difusas, mejorando la gestión de efluentes y generando una alternativa renovable al gas natural fósil importado.
“El biometano es economía circular aplicada al territorio. Parte de residuos locales, produce energía renovable y devuelve al campo un fertilizante orgánico que puede sustituir parte de los fertilizantes minerales. Es una herramienta para gestionar mejor lo que ya existe, no para generar un problema nuevo”, explicó Muñoz.
Un potencial concreto y medible para Navarra
El desarrollo del biometano en Navarra permitiría generar cada año alrededor de 264.000 toneladas de digestato, reciclar más de 1.580 toneladas de nitrógeno y evitar 154.000 toneladas de CO₂. Además, la producción de gas renovable permitiría reducir en torno a 38 millones de euros anuales las importaciones energéticas, reforzando la seguridad de suministro y la autonomía energética.
Desde el punto de vista económico y social, el sector estima que el despliegue del biometano podría crear unos 440 empleos de calidad, especialmente vinculados al medio rural, la operación de plantas, la logística, la gestión del digestato, la actividad agroganadera, los servicios técnicos y la industria asociada.
“Estamos hablando de una oportunidad ambiental, energética e industrial muy concreta para Navarra. Menos emisiones, mejor gestión de residuos, fertilizantes sostenibles, empleo rural y menor dependencia energética exterior. Todo ello exige hacer las cosas bien, pero precisamente por eso hace falta planificación, no parálisis”, afirmó el directivo de APPA Renovables.
Más de 500 millones de euros en riesgo
La moratoria puede comprometer más de 500 millones de euros en inversiones vinculadas al desarrollo del biometano en Navarra: alrededor de 300 millones de euros que podrían no llegar a materializarse y otros 200 millones adicionales que dejarían de tramitarse por la moratoria.
En un momento en el que Europa está impulsando los gases renovables como herramienta de descarbonización, seguridad energética y economía circular, Navarra corre el riesgo de perder posicionamiento industrial y capacidad de atracción de proyectos. La Asociación recuerda que otros países europeos han avanzado en biometano gracias a marcos regulatorios estables, mecanismos de apoyo predecibles, integración con la red gasista y una adecuada planificación territorial. Para APPA Biogás, Navarra puede ocupar una posición relevante si apuesta por proyectos solventes, trazables y vinculados al territorio.
Regular mejor, no bloquear
APPA Biogás reconoce que existen preocupaciones sociales legítimas asociadas a la implantación de nuevas instalaciones, como los olores, el tráfico, la gestión del digestato, la seguridad o la protección de acuíferos. Sin embargo, defiende que estos riesgos deben abordarse con regulación, control técnico y exigencias ambientales, no mediante el bloqueo generalizado de la tecnología.
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