Media Europa teme que el nuevo impuesto al CO2 encarezca la vida de todos los ciudadanos y empresas

Una quincena de países europeos —entre ellos Austria, Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia y España— han expresado su preocupación por los efectos sociales y económicos que podría tener la entrada en vigor del nuevo sistema europeo de comercio de emisiones para los sectores de transporte y edificios, conocido como ETS2.

Según un documento conjunto remitido a la Comisión Europea, los gobiernos temen que la volatilidad de los precios del carbono y la incertidumbre en torno al coste inicial del sistema, previsto para 2027, provoquen un encarecimiento generalizado que impacte directamente tanto en los hogares como en las empresas.

El temor compartido por estos países es que el precio del carbono, lejos de ser una herramienta previsible y estable para fomentar la descarbonización, se convierta en un factor de inestabilidad económica y social. El documento conjunto presentado ante la Comisión Europea advierte que la incertidumbre en torno al nivel inicial de precios, sumada a los riesgos de volatilidad del mercado, podría provocar un encarecimiento significativo de la vida cotidiana de millones de europeos. El aumento de los costes energéticos y de transporte se trasladaría a los hogares, que ya cargan con facturas elevadas, y a las empresas, que temen perder competitividad en un contexto económico global cada vez más exigente.

Horquilla

Los gobiernos firmantes no cuestionan los objetivos climáticos de la Unión Europea ni el principio de “quien contamina paga”, pero consideran que la falta de claridad sobre la evolución de los precios del CO2 amenaza con generar un auténtico choque social. La preocupación no es menor: la Comisión ha estimado que, durante los primeros años de funcionamiento del sistema, el precio de la tonelada de CO2 podría situarse en un rango de entre 30 y 60 euros. Sin embargo, muchos temen que esta horquilla se quede corta y que, en la práctica, el coste sea mucho más elevado, desbordando las previsiones presupuestarias y dejando sin protección a amplias capas de la población.

En el documento se subraya que un escenario de precios muy altos tendría consecuencias inmediatas en el bolsillo de los ciudadanos. Un incremento de los costes de calefacción, de los combustibles para el transporte o de las reformas en edificios para cumplir con los estándares de eficiencia energética repercutiría directamente en las familias, especialmente en las más vulnerables. Los gobiernos recuerdan que el malestar social frente a las políticas ambientales no es un fenómeno aislado y citan las protestas pasadas en varios países europeos cuando se intentó trasladar al consumidor el coste de la transición ecológica.

Ante este panorama, los Estados europeos que han firmado la declaración insisten en que la Comisión debe introducir mejoras antes de la entrada en vigor del ETS2. En su opinión, es imprescindible que Bruselas ofrezca información clara y constante sobre los indicadores que determinarán la demanda de permisos de emisión, como las cifras de ventas de vehículos eléctricos, el ritmo de instalación de bombas de calor o la tasa de rehabilitación de edificios. Solo con datos actualizados, añaden, los mercados podrán anticipar precios y las autoridades nacionales preparar políticas de apoyo eficaces.

Estabilidad del sistema

Otra de las inquietudes se centra en la estabilidad del sistema. Los países consideran que el actual diseño del mecanismo de reserva de mercado, encargado de intervenir para evitar oscilaciones bruscas en el precio de los derechos de emisión, podría provocar precisamente el efecto contrario. Un diseño demasiado rígido, explican, podría originar fuertes variaciones entre 2028 y 2029, generando desconfianza y afectando tanto a los inversores como a los consumidores. Los firmantes plantean que la Comisión revise este instrumento para hacerlo más flexible y capaz de responder de manera gradual a las condiciones del mercado, prolongando además su vigencia más allá de 2031 para garantizar una estabilidad de largo plazo.

El documento también expresa preocupación por la insuficiencia de los mecanismos actuales para contener precios excesivos. Aunque el ETS2 contempla un tope “blando” de 45 euros por tonelada de CO2 en determinadas circunstancias, los gobiernos consideran que esta salvaguarda sería insuficiente si los precios se disparan muy por encima de lo previsto. De ahí que reclamen una intervención más firme, con la posibilidad de inyectar al mercado mayores volúmenes de derechos de emisión cuando la situación lo requiera, asegurando así que el sistema no se convierta en un factor de presión insoportable para ciudadanos y empresas.

Según la Comisión Europea, los ingresos generados por la venta de derechos de emisión se destinarán en parte a nutrir el Fondo Social para el Clima. Este mecanismo tiene como objetivo financiar ayudas directas a los hogares más vulnerables y a los Estados miembros para facilitar la transición hacia un modelo más sostenible. Sin embargo, los países firmantes dudan de que este fondo sea suficiente en un escenario de precios desbordados y exigen a Bruselas que contemple refuerzos adicionales para garantizar que la factura del cambio climático no recaiga de forma desproporcionada sobre quienes menos capacidad tienen para asumirla.