Motivos para recurrir ante el Tribunal Supremo el Real Decreto anti-Autoconsumo

Las patronales de energías renovables, la ciudadanía, los autoconsumidores, las empresas del sector renovable y las asociaciones ecologistas recurrirán hoy, en bloque, ante el Tribunal Supremo, el Real Decreto 900/2015, que regula el autoconsumo eléctrico.

Dicho Real Decreto, como es sabido, impone toda una serie de trabas técnico-administrativas a la legalización de instalaciones de autoconsumo y establece la obligación por parte de los autoconsumidores de pagar un cargo variable transitorio (conocido popularmente como “Impuesto al Sol”), además de otro cargo fijo para aquellos autoconsumidores que utilicen baterías.

Los motivos políticos y técnicos para oponerse a este Real Decreto son de sobra conocidos. En un momento decisivo, de cambio de un modelo energético de generación descentralizada y fósil a otro de generación distribuida y renovable,  España da la espalda al autoconsumo eléctrico y apuesta por perpetuar el modelo de los ciclos combinados de gas, la nuclear, el petróleo y el carbón. El Gobierno ha sido advertido de este error histórico por la ciudadanía (casi 200.000 firmas en Avaaz) y por el sector renovable (a través de alegaciones a la normativa), pero ha preferido seguir para adelante y aprobar el Real Decreto, con la intención de contentar a las grandes eléctricas, propietarias de las centrales de generación fósil en España y perjudicando una vez más a las decenas de miles de ciudadanos que han decidido ser productores de energía.

Pero al margen de la crítica técnica y política, es evidente que para poder recurrir una norma, tiene que haber además motivos jurídicos que así lo permitan. En este caso, al tratarse de un Real Decreto, existe una obligación de respetar todas las normas de rango superior, como son la Constitución Española, las Leyes y el Derecho Europeo. No obstante, desde nuestro punto de vista, el Real Decreto no es conforme a diversas de ellas, y por lo tanto, debe ser declarado inaplicable e ilegal.

Entre esas incompatibilidades, vemos, entre otros, las siguientes:

1. El Impuesto al Sol es discriminatorio, ya que los autoconsumidores contribuyen más a cubrir los gastos del sistema por kWh consumido de la red que un consumidor sin instalación de autoconsumo. Ello va en contra del artículo 9 de la Ley del Sector Eléctrico, que obliga a que los cargos sean los mismos a todo tipo de autoconsumidores.
2. La normativa anti-autoconsumo vulnera la nueva Ley del Suelo y Rehabilitación Energética, que tiene como uno de sus principios fundamentales el fomento de la generación distribuida en edificios.
3. Las sanciones impuestas a los autoconsumidores por no registrar sus instalaciones y que pueden llegar hasta los 60 millones de euros, son contrarias al principio de proporcionalidad.
4. Las trabas técnico-administrativas y económicas al autoconsumo son contrarias a las Directivas de Renovables, de Eficiencia Energética y de Mercado Interior de la Electricidad, que obligan a los Estados Miembros a fomentar la generación distribuida.
5. Al desincentivar el autoconsumo, reconocido por la CNMC como uno de los elementos decisivos para alcanzar el objetivo de renovables para 2020, España no llegará a cumplir sus compromisos internacionales (de hecho, ya va camino de no hacerlo) y vulnerará la Directiva de Renovables.
6. Así como los perfiles retroactivos que nuevamente se saca de la manga el legislador, al imponer a las instalaciones de autoconsumo en funcionamiento, unas obligaciones desproporcionadas, inexistentes y cuando se pusieron en marcha.

Por todo ello, y aun siendo lo ideal que este Real Decreto anti-autoconsumo sea inmediatamente derogado por el nuevo Gobierno de España y que desistamos de las acciones judiciales por falta sobrevenida de objeto, consideramos que existen razones más que suficientes para cuestionar la legalidad de la mencionada norma.

Juan Castro-Gil es abogado y Secretario General de ANPIER.

Daniel Pérez Rodríguez es abogado en Holtrop S.L.P. Transaction & Business Law.