La falta de una red de recarga suficiente es una de las grandes barreras a las que se enfrenta el desarrollo de la movilidad eléctrica. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, fija como objetivo, alcanzar un parque móvil de tres millones de turismos eléctricos para 2030.
Para esto, según la patronal de concesionarios (Faconauto) y la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), es imprescindible tener instalados como mínimo 340.000 puntos de recarga de acceso público para esa fecha. A día de hoy, según los últimos datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive), España cuenta con muchos menos, alrededor de 21.500.
Desde el ámbito público y privado se está intentando acelerar la implantación de la movilidad eléctrica en nuestro país, aunque sin demasiado éxito. Una de las últimas medidas adoptadas, ha sido el real decreto-ley 29/2021 que entró en vigor el pasado mes de enero, por el que se establece la “obligatoriedad de disponer de un punto de carga en todos los aparcamientos privados no residenciales con más de 20 plazas, y disponer de puntos extra por cada 40 plazas”.
Gran cantidad de actores implicados
Al hilo de esto, hace apenas unos meses, leíamos la noticia de que Mercadona anunciaba una inversión de 21 millones para instalar 5.000 cargadores semirrápidos para vehículos eléctricos en sus centros. El comunicado remitido por la compañía señalaba que “el cliente podría hacer todas las gestiones a través de la aplicación móvil de los proveedores colaboradores en este proyecto Iberdrola y Repsol, mediante los servicios Recarga Pública Iberdrola y Waylet de Repsol”.
Aquí me quiero detener. Esta noticia nos sirve de ejemplo para entender la gran cantidad de actores involucrados en la gestión e implantación de la red, tanto en el ámbito público como en el privado. Todos con sus propia tecnología y soluciones, una gran amalgama que trabaja y camina hacia el futuro sin unas directivas europeas demasiado claras. Como siempre, la innovación va más rápido que la regulación.
Lo cierto es que, sin estas compañías, los avances en movilidad eléctrica serían imposibles, pero, es importante que todas ellas tengan en consideración una de las debilidades del sector que está produciendo verdaderos quebraderos de cabeza a los consumidores: el momento de pago.
En la gran mayoría de estaciones de recarga, para pagar, tenemos que descargarnos la aplicación de la red y registrarnos con una cuenta. A veces, incluso se pide a los clientes que transfieran una cantidad mínima de crédito a su perfil para poder empezar, lo que lleva tiempo y puede resultar muy incómodo.
Por una gestión rápida, sencilla y universal
Debemos de apostar por soluciones tecnológicas que permitan facilitar el pago universal en los puntos de recarga por parte de los usuarios. Según un reciente estudio, llevado a cabo por Mastercard, siete de cada diez europeos (un 71 %) cree que debería haber un método universal aceptado en todos los puntos de recarga de Europa, con el fin de garantizar un acceso fácil para todos. Además, el 65 % aseguró que las tarjetas son su método de pago preferido para la recarga de vehículos eléctricos.
¿Cómo es posible que se pueda repostar sin ningún problema en cualquier estación de servicio, independientemente de la compañía a la que pertenezca, pero no en el caso de los puntos de carga eléctrica? Si utilizas un coche de gasolina, simplemente sirves lo que necesitas y pagas, tanto en efectivo como con tarjeta. No es necesario descargar ninguna aplicación móvil, tampoco dar de alta ningún perfil, ¿por qué no sucede lo mismo con los vehículos eléctricos? ¿no es posible universalizar y democratizar las formas de pago?
Las recargas en los puntos de acceso público requieren de una experiencia de pago única, de un estándar global y de una intermodalidad total entre los diferentes operadores y, es ahí, donde el pago electrónico, ya sea con tarjeta o con dispositivo móvil, y la tecnología contactless se consolidan como soluciones óptimas, universales y escalables.
Mucho que hacer en poco tiempo
En Europa son conscientes de esto, por ello, el Parlamento Europeo aprobó recientemente y con gran consenso el Reglamento AFIR (siglas en inglés de Regulación de Infraestructuras de Combustibles Alternativos), que pretende - entre otras cosas - simplificar el pago en las estaciones de recarga europeas. Desde el sector, debemos tomar este paso como una oportunidad a la hora de facilitar el proceso a los consumidores, eliminando las posibles fricciones e incorporando el pago con tarjeta o dispositivo móvil como una alternativa eficiente.
España se comprometió con Bruselas, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a alcanzar entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga públicos desplegados al cierre de 2023. Es decir, España necesita instalar este año como mínimo más de 60.000 puntos de recarga. Los puntos públicos de recarga instalados en 2022 tan solo ascendieron a los 4.717. Una cifra insignificante.
A nuestro país le queda mucho por hacer en muy poco tiempo, esperemos que las prisas no socaven un proyecto que debe sentar las bases de un futuro más eficiente y limpio. Como veíamos, en esta carrera será clave entender las necesidades de los consumidores que, en realidad, no son muchas. Básicamente disponer de más cargadores para aumentar la viabilidad de los trayectos de larga distancia y del propio servicio. También, poder pagar de forma fácil y sencilla, sin la necesidad de perder el tiempo en el proceso o llenar el móvil de decenas de aplicaciones.
Ahora que está todo por hacer, tenemos la oportunidad de implantar desde el principio una solución de pago eficiente y democrática, libre de fricciones. Solo falta, la voluntad de ponerse todos de acuerdo y llevar a cabo un proyecto común. ¿Estamos preparados?
Raimundo Sala es vicepresidente senior y director general de UniversalPay.
Dabama
24/05/2023