La presidencia española de Consejo de la UE ha trasladado a los Veintisiete una nueva propuesta para desbloquear la revisión del mercado eléctrico en la Unión Europea, extremo que pasa por intentar acercar a Francia y Alemania en relación con la financiación de las centrales nucleares.
El objetivo de la reforma, que fue concebida al calor de la crisis de precios del gas y su efecto contagio en el mercado eléctrico en 2022 y que se pretende cerrar antes de que acabe el año, es favorecer el despliegue de fuentes de generación renovable y contratos a largo plazo que arrojen precios estables y asequibles.
El nuevo borrador, al que ha tenido acceso EFE, supone la primera propuesta "formal" de la presidencia española tras el trabajo exploratorio llevado a cabo durante el verano y se debatirá a continuación a nivel técnico entre los Veintisiete.
Se centra en los aspectos donde persiste el desacuerdo y, en particular, busca desatascar las posiciones de París y Berlín en relación con los Contratos por Diferencia (CFD).
Estos funcionan de forma que el Estado acuerda con un generador un precio fijo de compraventa de electricidad en un plazo determinado y después se devuelve la diferencia en función de si el precio real ha sido más alto o bajo que el fijado.
El futuro de la reforma del mercado eléctrico
Las divisiones radican en si esos contratos se aplican a las centrales nucleares ya existentes que extiendan su vida útil o amplíen su capacidad, exigencia del bloque nuclear que lidera Francia pero que rechazan los Estados opuestos a la energía atómica, con Alemania a la cabeza.
Fuentes vinculadas a la propuesta definen el nuevo texto como "equilibrado, porque preserva la autonomía de los Estados miembros para escoger su 'mix' energético dentro del marco de los objetivos europeos; y a la vez introduce controles para que la preservación de esa autonomía no suponga una distorsión del mercado".
En concreto, el borrador se centra en el artículo 19b relativo a los "esquemas directos de apoyo a los precios para nuevas inversiones en generación" y propone fijar un precio garantizado para las empresas de energía eléctrica si se produce una extensión de la vida útil de las centrales.
Define también las características del diseño de los instrumentos para garantizar la viabilidad económica de la vida de esas plantas y estipula cómo se reparten los ingresos a los consumidores tras el ajuste del CFD, no sólo en lo relativo a la nuclear sino también a la energía eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica sin embalse.
No obstante, los Estados miembros podrán eximir a las instalaciones de energía renovable a pequeña escala.
La propuesta detalla las condiciones para los contratos por diferencia sin licitación pública, de forma que no exceda la relación entre la nueva inversión y el valor de la inversión inicial ajustado por inflación.
Marca también un esquema de remuneración a los consumidores, especialmente a las empresas, que recibirían dinero en función de su consumo total sin que esto altere los incentivos para reducir el consumo ni socave la competencia entre proveedores.
El sistema estaría supervisado por la Comisión Europea, que podría imponer límites a la redistribución de ingresos para las empresas.
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