Países de la UE reconocen que existen "lagunas" en la red de interconexiones energéticas

Los países de la Unión Europea (UE) han reconocido que todavía existen "importantes lagunas de interconexión" energética a pesar de los avances conseguidos en los últimos años, una realidad que "pone en peligro el logro de los objetivos del bloque para construir una verdadera unión de la energía", incluida la meta del 15% para 2030.

Así consta en un documento adoptado este lunes por veinticinco de los ministros de Energía del club -Hungría y Eslovaquia se han desmarcado del texto -, en el que también instan a la Comisión Europea a impulsar los proyectos de interconexión prioritarios en corredores como el del sur-oeste del bloque y a abordar los problemas técnicos, regulatorios y financieros para completarlos.

Esta referencia a las interconexiones es uno de los puntos que España ha insistido en mencionar en dicho texto, aprobado poco después del apagón generalizado en la península ibérica el pasado 28 de abril y que, de hecho, aparece reflejado en el texto.

En concreto, el documento enfatiza, tras este episodio, "el papel central que la energía juega en la sociedad y en la necesidad de garantizar el suministro" de electricidad.

"Estamos esperando las conclusiones de la investigación actual, incluido el papel que jugaron las interconexiones durante este incidente y durante su fase de recuperación", añade el texto.

Las interconexiones entre España y Francia

La mejora de la interconexión entre la península ibérica y Francia es una de las reivindicaciones históricas de España y Portugal, que después del apagón apremiaron a la Comisión Europea y a París en sendas cartas a acelerar los trabajos para mejorar las infraestructuras energéticas previstas en esta zona del bloque.

En este sentido, los socios del bloque subrayan la importancia de aumentar la capacidad y las inversiones en "nuevas interconexiones energéticas transfronterizas" también para "abordar las significativas y persistentes disparidades en los precios energéticos" entre regiones europeas.

Los veinticinco países que han apoyado las conclusiones remarcan también "la importancia de seguir en la senda hacia los objetivos de neutralidad climática", al tiempo que subrayan la necesidad de "acelerar el despliegue de energía limpia y mejorar la eficiencia energética".

Estas tareas, añaden, "no sólo reducirán los costes energéticos sino que también contribuirán a la autonomía energética, disminuirán la dependencia de la UE en combustibles fósiles y limitarán su exposición a la volatilidad de sus precios".

En esta misma línea, enfatizan la necesidad de "crear un entorno favorable para las tecnologías de energía limpia que contribuya a la neutralidad climática", incluido el almacenamiento de energía.

Hungría y Eslovaquia se desmarcan

Este texto no fue apoyado de manera unánime por todos los socios del bloque puesto que Hungría y Eslovaquia se desmarcaron del mismo en protesta por las propuestas legislativas que la Comisión Europea presentará este martes para prohibir a las energéticas europeas firmar nuevos contratos para la compra de gas ruso.

El objetivo de Bruselas es acabar con todas las importaciones de gas ruso a finales de 2027 y mañana presentará los detalles de cómo hacerlo, con especial interés en las compañías que deban romper contratos de largo plazo en curso, como la española Naturgy.

El ministro húngaro de Asuntos Exteriores y Comercio, Péter Szijártó, justificó la posición de su Gobierno en redes sociales, donde reivindicó que "la política energética es una competencia nacional", y advirtió de que los planes para romper contratos de gas ruso "ponen en peligro la soberanía y la seguridad energética" de su país.

"Dada la escalada en Oriente Medio, proponemos que un plan así ni siquiera se ponga sobre la mesa", esgrimió Szijjártó.

Pero en la rueda de prensa posterior a la reunión, el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, defendió la propuesta que desvelará mañana el Ejecutivo comunitario y añadió, además, que las compañías no tendrán problemas legales por tener que romper los contratos porque "se trata de una cuestión de fuerza mayor, como ocurre con las sanciones" impuestas a Moscú desde el inicio de la guerra contra Ucrania.