España necesita acelerar su ritmo de transición hacia un modelo energético sostenible marcado por la hegemonía de las energías limpias tras un avance lento durante los últimos años. Los resultados del primer Barómetro de Transición Energética activado en España ponen de manifiesto un grado de descarbonización inferior al de la Unión Europea que ha de acelerarse significativamente para alcanzar los objetivos marcados para 2030 y 2050.
La nueva herramienta diseñada por el centro de investigación Economics for Energyhace un análisis anual sobre la evolución de la descarbonización, la asequibilidad y la seguridad de la energía para realizar el seguimiento del ritmo de transición energética. Los resultados registrados hasta 2017 evidencian la necesidad de progresar en el abandono de los combustibles fósiles, lo que contribuiría a mejorar el avance de estos tres ejes, seleccionados por tratarse de los referentes de la política energética europea.
Por lo que se refiere a la descarbonización, el análisis del volumen de emisiones de gases de efecto invernadero desvela una caída de estos a partir de 2010 debido a la crisis económica, seguida de un incremento desde 2016 a raíz de la recuperación que devuelve los valores a niveles de principios de esta década. Este retroceso en el ritmo de descarbonización se ha visto agravado por una reducción acusada de la generación hidráulica en años de sequía –especialmente 2015 y 2017–, en los que aumentó el uso del carbón para la producción de electricidad y, en consecuencia, las emisiones.
En 2017, las emisiones aumentaron un 21% sobre las de 1990. Con respecto a 2005, se redujeron un 21%. Esto permitiría cumplir con los objetivos establecidos para España en 2020, con una reducción de ese 21% de los gases contaminantes para los sectores sujetos al Régimen de Derechos de Emisión de la UE (sectores ETS, entre los que destaca la industria y el sector eléctrico) y un 10% para los no sujetos (sectores difusos, como el residencial o el transporte). Sin embargo, plantea un importante reto de cara a los objetivos marcados para 2030: un 43% de los gases contaminantes para los sectores ETS y un 26% para los sectores difusos.
"Los objetivos ya los tenemos, ahora hay que poner un precio suficiente al CO2, y entre otras medidas habría que limitar el parque viejo de automóviles, donde hay margen de maniobra", explica Pedro Linares, co-fundador y director de Economics for Energy, "de hecho, son más potentes las medidas que puedan poner en marcha las ciudades que las decisiones del gobierno central en materia de reducción de emisiones del transporte".
El segundo indicador analizado en torno a la descarbonización, relativo a las emisiones en relación al Producto Interior Bruto (PIB), desvela una ligera reducción desde 2010, lo que reflejaría una mejora de la descarbonización relativa de la economía. Sin embargo, esta es inferior a la experimentada en el conjunto de la UE, un factor que pone de manifiesto la necesidad de avanzar en el desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento económico en España.
"Llevamos décadas con la asignatura pendiente de poner los impuestos ambientales y de afrontar una verdadera reforma fiscal verde, es una condición necesaria porque hace falta dar las señales de precio adecuadas, fundamental para los inversores", añade Linares, "y es que es un error decir que la energía tiene que ser barata, tienes que pagar el coste ambiental de producir energía y pagar lo que cuesta por generarla".
Repunte de los precios y el gasto
Por lo que se refiere a la asequibilidad de la energía, los indicadores analizados, tanto los precios como el porcentaje de gasto sobre el PIB, aumentaron entre 2010 y 2014, fundamentalmente a causa del incremento de los costes de la electricidad y el gas, en particular en el sector residencial. A partir de 2014, el descenso de los precios del petróleo –y en algunos años, del gas– propició una mejora de la asequibilidad de la energía. La reducción del gasto en mayor medida que de los precios fue en esa época una buena señal sobre la capacidad de España para disminuir la intensidad energética de su economía. Sin embargo, en 2017 tanto el gasto como los precios volvieron a subir empujados por el coste del petróleo hasta situarse por encima de los valores registrados en 2010.
En comparación con el conjunto de la UE, la evolución de los precios se ha mantenido en valores similares desde el inicio de esta década.
Mejora en la capacidad de gestionar renovables
Por lo que se refiere a la seguridad de suministro, el punto positivo lo pone el descenso tanto de la cantidad como del coste de las reservas eléctricas, especialmente este último, que ha bajado un 60% desde 2010. Esta buena evolución de los indicadores de seguridad física, incentivada por la reducción de la demanda de electricidad, muestra una mejora en la capacidad para gestionar las fuentes renovables de manera eficiente, acompañada además de una disminución en el coste que supone proporcionar este servicio.
En cuanto a la seguridad económica, España sigue mostrando una elevada exposición a la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles fósiles. Tras un aumento acusado de la volatilidad de los precios del gas y el petróleo en 2014, los valores de 2017 volvieron al nivel de 2010, lo que refleja una mejora en términos de ajuste de la economía. El otro indicador evaluado en este eje es la seguridad de las importaciones, que ha sufrido bandazos importantes pero que ha descendido en los dos últimos años hasta situar el riesgo en valores similares –ligeramente superiores– a los de 2010.
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