Hace unos días, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, viajó a Nueva York para participar en distintos actos durante la Cumbre Climática. Uno de los más llamativos fue el que mantuvo con los grandes fondos de inversión de Wall Street, que a su vez son muchos de ellos accionistas en las grandes empresas españolas.
Sánchez fue a vender la imagen de España, y entre otras cosas, presentó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030. O lo que es lo mismo, la mayor transformación económica que ha hecho este país y que hayan visto nuestros ojos. 236.000 millones de inversión entre 2021 y 2030. El 80% de esta inversión procederá del sector privado, es decir, de buena parte de esos fondos de inversión.
Pedir 200.000 millones, unos 20.000 millones al año durante la próxima década puede ser fácil, pero lo que es muy complicado es conseguirlos. Para que se hagan una idea, los 200.000 millones es como comprarse Iberdrola, Endesa y Naturgy dos veces cada una, según su capitalización bursátil. Ahí es nada.
Para ello es fundamental que España haga un lavado intenso de su imagen en cuanto a dar seguridad jurídica para conseguir esas inversiones. Los vaivenes de la política energética de este país han llevado a España a ser el país del mundo más demandado por no proteger las inversiones energéticas. Ahí está la cincuentena de demandas que han interpuesto inversores de medio mundo por el recorte de las renovables.
Y ahora, Sánchez les dice que tienen que confiar en España. Dura papeleta. Otra vez invertir en España, pero encima mucho más dinero. Por eso, los grandes fondos de inversión se lo dijeron claro a Sánchez y su equipo económico de Moncloa. "Necesitamos seguridad jurídica". Un marco estable, predecible y seguro, que no sufra cambios.
La gran tarea de este Gobierno o del que salga el próximo 10N es garantizar la seguridad jurídica. Sin ella, no hay ni PNIEC, ni Pedro Sánchez, ni España que valga. El dinero es lo más miedoso. Si aquí no se le ofrecen garantías, se irá a otro lado. Porque España no es el único país del mundo donde se va a llevar a cabo esta transformación económica llamada transición energética. Muchos otros países necesitan ese dinero, por tanto es hora de remangarse y de trabajar para garantizar ese marco estable.
Invertir en energía tiene una característica especial. Se trata de activos de larga duración. Necesitan su tiempo para construirse y que operan unos 25 ó 30 años. Eso requiere que se hagan las cosas bien con determinación en busca del bien común, tanto para las empresas, pero sobre todo para los consumidores.
Sánchez sabe perfectamente lo que hay en juego y lo que supone un plan verde como el que pretende llevar a cabo. 200.000 millones es muchísimo dinero. Por eso, se ha reunido con los grandes fondos de inversión. El dinero quiere también cambiar el planeta, ahora tiene muy en cuenta la sostenibilidad a la hora de invertir. Es pues una oportunidad única la que tiene España. Un reto sin precedentes que solo tendrá éxito si existe seguridad jurídica. No lo olviden, señores políticos, si no, saldrá mucho más caro.
Ramón Roca es director de El Periódico de la Energía.
Dabama
04/10/2019