No se puede hablar de exageración, no hay más que tirar de hemeroteca, al afirmar que los regantes llevamos la friolera de seis años tratando de buscar una solución consensuada a la subida de las tarifas eléctricas. Estamos hablando de un largo proceso negociador con la Administración al más alto nivel para alcanzar un escenario tarifario justo y más competitivo. Justicia eléctrica, en definitiva.
Ciertamente, desde que en 2008 se suprimieran las tarifas especiales para riego, venimos soportando subidas que podemos tildar de astronómicas, con la excusa de cubrir el déficit de tarifa, que alcanza ya los 30.000 millones de euros.
Las cifras hablan por sí mismas. La factura eléctrica ha crecido una media superior al 100%, con un incremento de los costes fijos –ésos que tenemos que pagar reguemos o no- superior al 1.000% en muchas zonas regables. Sólo con la reforma de agosto de 2013, asumimos un sobrecoste anual de 100 millones de euros, disparando el gasto total del sector hasta los 700 millones de euros anuales.
Concretamente, las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Industria introducirán en la reforma fiscal una exención del 85% en el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) y un ajuste definitivo y estructural en el régimen de módulos que nos supondrá a los agricultores regantes un ahorro aproximado de 54 millones de euros.
La exoneración fiscal del impuesto eléctrico, que entrará en vigor en 2015, nos permitirá disminuir la factura en un 4,1%, lo que supone unos 29 millones de euros menos al año, unidos a los 25,2 millones derivados de la reducción del esfuerzo fiscal. Hablamos de aproximadamente, unos 650 euros menos de media por explotación.
A efectos prácticos, los cambios en el régimen de módulos -que se aplicarán ya en este mismo 2014- permitirán a más de un millón de agricultores regantes aliviar de su declaración el sobrecoste que supone pagar todo el año por un servicio que sólo se utiliza durante la campaña de riego como consecuencia de un sistema injusto y completamente discriminatorio para las actividades económicas con consumo estacional.
A pesar de que efectivamente es un gesto del Gobierno y como tal lo valoramos, los regantes no podemos dar por terminadas las negociaciones, máxime cuando con estas medidas no llegamos siquiera a cubrir el 20% del sobrecoste total. Para que esta rebaja fiscal sea efectiva, deberá ir acompañada de soluciones complementarias que compensen realmente los más de 300 millones de euros extras que pagamos a las eléctricas con respecto a hace seis años.
Los regantes seguiremos llamando a la puerta de la Administración con propuestas constructivas y consensuadas hasta conseguir poner en marcha toda una tabla de medidas, entre las que proponemos la aplicación de un IVA reducido al suministro eléctrico para regadíos o el pago por la potencia real registrada y no por la teórica contratada para facturar realmente sólo por lo que consumamos. Entendemos que esto es lo justo.
Con la flexibilidad por bandera, ofrecemos otras alternativas para conseguir aminorar los costes eléctricos, como son la articulación de la normativa para facilitar la producción de energía distribuida en las zonas regables para autoconsumo -balance neto o Net Meetering-, que permite además inyectar a la red nacional la producción que no se necesite.
Diálogo y consenso. Estas seguirán siendo nuestras armas de negociación frente a cualquiera de los ministerios implicados en este largo camino hacia la normalización de las tarifas eléctricas para el regadío. Agotaremos hasta el último recurso para salvar la actividad que garantiza el suministro de alimentos básicos, con la confianza de que, de ahora en adelante, nuestra voz será tenida en cuenta.
Andrés del Campo es presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE)
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