Ya están los Presupuestos Generales de 2019, o al menos su borrador. Y en materia de política energética solo caben destacar dos partidas novedosas: el bono social térmico y las ayudas al carbón cerrado.
En materia de energía la mayor parte de las dotaciones se corresponden con partidas destinadas a financiar costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema.
Así, se consignan dotaciones para realizar determinadas aportaciones como las derivadas de los ingresos por subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y de los ingresos tributarios de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, así como transferencias para compensar el 50 por ciento de los extracostes de generación eléctrica en los territorios no peninsulares, que suman 3.819 millones de euros.
Además de contribuir al equilibrio financiero del sistema eléctrico, los Presupuestos Generales del Estado cuentan con dotaciones para financiar el resto de actuaciones y objetivos de la política energética y minera, destacando en 2019 el fomento de la sostenibilidad y la eficiencia energética.
Así, el reciente Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores incluye aspectos importantes como medidas para la protección del consumidor, actuaciones normativas encaminadas a acelerar la transición a una economía descarbonizada y medidas relacionadas con la normativa fiscal, con el objetivo principal de moderar la evolución de los precios en el mercado mayorista de electricidad.
Desde un punto de vista presupuestario hay que destacar la creación del Bono Social Térmico, programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. La ayuda a conceder tiene como finalidad compensar gastos necesarios para garantizar el suministro de energía
para usos térmicos o el apoyo a actuaciones de ahorro o mejoras de la eficiencia energética a los consumidores vulnerables. La dotación prevista para estas ayudas en 2019 asciende a 80 millones de euros.
Además, para 2019 se ha consignado una dotación para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por importe de 300 millones de euros al objeto de apoyar el impulso de la eficiencia energética y las energías renovables, con la finalidad principalmente de llevar a cabo actuaciones previstas dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 (se anticiparán a los beneficiarios fondos para actuaciones que, una vez ejecutadas y certificadas, podrán obtener retornos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional).
También se prevé una dotación de 50 millones de euros para financiar ayudas a las actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, a gestionar por el IDAE.
En el sector de la minería ocupa un lugar central la reestructuración de la minería del carbón, que se ha venido desarrollando dentro del finalizado Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018.
Dado que el Marco anterior ha finalizado, la aprobación del Real Decreto-Ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, por el que se instrumenta el nuevo Acuerdo Marco, suscrito el 24 de diciembre para el período 2019- 2027, da continuidad a la política de reactivación de las comarcas mineras.
El Plan favorecerá el impulso económico de las comarcas mineras a través de actuaciones tales como la restauración de explotaciones en comarcas mineras, favorecer las energías renovables y la eficiencia energética, elaboración de contratos de transición justa con el fin de crear y fijar empleo en las comarcas afectadas.
Para la financiación de estas actuaciones, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras contará en 2019 dentro de esta política con unos recursos de 284 millones de euros.
Por último, el Consejo de Seguridad Nuclear ejercerá sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones, consiguiendo que sean operadas por sus titulares de forma segura, y estableciendo las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen. Para ello, el Consejo cuenta en 2019 con un presupuesto dentro de esta
política de 47 millones de euros.
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