Probablemente no. En cualquier caso, bastaría con que hubiera una sola familia en esta indeseable situación para que se tomaran las medidas necesarias para evitarla. Pero, también, a veces, se cargan las tintas con espúrios intereses políticos e ideológicos con el fin de desacreditar a las fuerzas políticas rivales. Algo, que se ha convertido en moneda de curso común, y más en épocas electorales. Y eso es lo que parece que está ocurriendo en estos últimos tiempos
A la luz de los juicios y descalificaciones vertidas en torno a este problema por algunas formaciones políticas en las últimas semanas, uno podría pensar que el problema se ha acrecentado y la situación es alarmante. Según el INE -datos que difundió el programa de televisión Salvados y de los que este periódico se hizo eco- en España hay más de cinco millones de personas en situación de pobreza energética, cantidad que supone que se habría producido un aumento del 69% en la última legislatura.
Este dato sacó los colores al minsitro de Industria, José Manuel Soria, pero también hay frías estadísticas que se empeñan en decir lo contrario y los datos son torticeros. El número de consumidores acogidos al bono social de electricidad cayó en 2015 hasta los 2,45 millones, lo que supone una reducción de más del 18% con respecto a los 3 millones con que contaba cuando se implantó en 2009, según las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
De esta manera, el 'superregulador' prevé que el bono social prosiga con la exclusión de beneficiarios que arrastra desde los máximos que alcanzó en el primer trimestre de 2010. Cuando se comenzó a aplicar en julio de 2009, el bono social beneficiaba al 10% de los consumidores y representaba el 6% de la energía consumida de los consumidores con derecho a suministro de último recurso. Este número de beneficiarios experimentó un incrementó entre el segundo semestre de 2009 y marzo de 2010, cuando alcanzó su máximo, con un 11,9% de consumidores con derecho, según indica la CNMC en un informe remitido al Ministerio de Industria con el escenario de costes e ingresos del sistema eléctrico para 2016.
Sin embargo, desde entonces, este número se ha ido reduciendo hasta sus niveles mínimos, con un 9,6% en junio de este año, aunque con un consumo que representó el 6,6% de la energía demandada por los consumidores con derecho a PVPC. Esta reducción en el número de consumidores a los que se aplica el bono social que se observa desde marzo de 2010 se explica, fundamentalmente, por la disminución en un 25% de los consumidores con potencia contratada en su primera vivienda inferior a 3 kilovatios (kW), parcialmente compensada por un aumento del 20,5% del resto de colectivos de consumidores, principalmente desempleados y familias numerosas.
El bono social es una ayuda creada en 2009 consistente en la congelación de la tarifa de electricidad para una serie de colectivos vulnerables. Con la reforma energética, el Gobierno fijó en el 25% el descuento máximo para sus beneficiarios. Para 2015, el promedio de consumidores a los que la CNMC calcula que se aplicó el bono social fue de 2,45 millones, un 1% inferior al ejercicio 2014. El organismo presidido por José María Marín Quemada estima que esta caída tendrá continuidad en 2016, cayendo hasta los 2,41 millones de beneficiarios.
En concreto, el bono social pueden disfrutarlo las potencias inferiores a 3 kW en la primera residencia, los hogares con todos los miembros en paro, los pensionistas y las familias numerosas, así como los de la antigua tarifa social anterior a 2009.
Los beneficiarios del primer grupo se reducirán en 2015 hasta los 1,87 millones, frente a los 1,95 millones de 2014; mientras que aumentarán un 25% en el caso de los hogares con todos los miembros en paro, hasta los 68.505; un 14% para las familias numerosas (186.901) y un 5,6% para los pensionistas acogidos a la ayuda (305.461).
El centro de investigación Economics for Energy publicó un informe el año pasado en el que proponía una revisión de los indicadores utilizados para medir la pobreza energética en España y las medidas públicas aplicadas para atajarla. El resultado del informe es bien distinto al que se da a conocer por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA). Según Economics for Energy, la pobreza energética alcanza a uno de cada diez hogares. La tasa media en España se reduce a la mitad, al 9%, desde el 18% que apunta la metodología utilizada por ACA.
Población protegida
Como decía Campoamor, "En este mundo traidor / nada es verdad ni mentira / todo es según el color / del cristal con que se mira". ¿Quien miente? Nadie. A pesar de las cifras y las estadísticas -y eso es lo que importa- gracias a las políticas instrumentadas por comunidades y municipios de un lado, y las compañías eléctricas del otro, la población en riesgo es cada día menor. Según Iberdrola, el 80% de sus clientes residenciales ya se encuentra protegido ante la suspensión del suministro eléctrico o de gas por impago, gracias a los distintos convenios firmados con la Administración y al propio procedimiento puesto en marcha por la propia compañía en 2015 para atender a los consumidores vulnerables.
La compañía indica a Europa Press que este porcentaje de protección a los consumidores "ratifica su compromiso con los ciudadanos económicamente más desfavorecidos de nuestro país". La eléctrica dice que no es ajena a las dificultades que atraviesan algunos colectivos sociales y expresa su compromiso con la atención a los clientes en situación de vulnerabilidad.
También se muestra dispuesta a colaborar, según las políticas que establezcan las Administraciones Públicas competentes en cada caso, para facilitar el acceso continuado al suministro de energía eléctrica y gas. De hecho, desde el pasado mes de julio, Iberdrola ya ha firmado 13 convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos para la protección de estos clientes.
En concreto, tiene suscritos convenios con Castilla y León, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Galicia, País Vasco, Bilbao, Castellón, Vitoria, Alicante, Valencia, Area Metropolitana de Barcelona (AMB) y Almassora. Además, la empresa mantiene negociaciones en curso con el resto de las comunidades autónomas y numerosos consistorios españoles de cara a extender la protección a la práctica totalidad de sus clientes domésticos en España.
En Endesa no le andan a la zaga. Endesa es la compañía que más tiempo lleva trabajando con las administraciones para paliar la pobreza energética. En concreto, tres años en los que ha alcanzado más de 90 acuerdos con distintas administraciones locales. Desde los ayuntamientos de Barcelona, Sevilla, Huesca, hasta las federaciones de municipios de las Islas Canarias o de los ayuntamiento de Barcelona, y también con Comunidades Autónomas como Baleares, y ahora Valencia y Madrid. En total, Endesa ha gestionado favorablemente unas 38.000 facturas.
Algo muy parecido le sucede a Gas Natural Fenosa. La compañía lleva ya tiempo trabajando en estos asuntos. Pero no solo con las administraciones. Además de los acuerdos firmados, la eléctrica ya había alcanzado convenios con el ayuntamiento de Barcelona o el área metropolitana de la ciudad condal.
Pero no se queda ahí la labor del grupo que preside Salvador Gabarró. Por ejemplo, a iniciativa propia, llegan a acuerdos para dilatar el plazo de pago sin intereses a clientes que aleguen problemas para pagar las facturas. También, ayudan a sus clientes más vulnerables comunicándoles la posibilidad de solicitar ayudas en las distintas administraciones, o a través de la Fundación Gas Natural haciéndoles obtener nuevos ingresos.
En resumidas cuentas, el problema es real, pero lejos de empeorar, todo parece indicar que la situación va mejorando y se va encauzando. El problema existe, pero todo parece indicar que los responsables de tomar las decisiones necesarias para arreglarlo lo están haciendo y no parece que la sangre -el frío en este caso- vaya a llegar al río. A Dios gracias.
Paco Ispinela
04/01/2016