Podemos propondrá al resto de formaciones políticas, sociales, sindicales, ecologistas y de consumo de Murcia la creación de un "pacto regional por el sol", un plan energético que permita desarrollar nuevas instalaciones para la generación de energías fotovoltaicas.
Según ha explicado el portavoz parlamentario del partido, Óscar Urralburu, el objetivo es poner en marcha un plan energético "que permita la autorización de nuevas instalaciones que entren dentro del ámbito de la competencia autonómica", en concreto, "instalaciones de generación de renovable sin retribución específica, de potencia inferior a 50MW".
Urralburu ha considerado que "es necesario aprovechar la potencialidad de la energía solar para transformar el modelo productivo" de la región, especialmente en una comunidad autónoma en la que "se da la mayor irradiación solar de toda Europa".
A pesar de ello, la contribución de las energías renovables a la generación eléctrica en la Región de Murcia es del 20,7%, frente al 48% a nivel estatal, ha lamentado.
Por eso, ha insistido en que explotar el desarrollo de la energía solar "permitiría ofrecer en la región un abaratamiento del precio de la electricidad", y la "ventaja geográfica" de la comunidad autónoma para el impulso de este tipo de renovable podría convertirla en un "referente mundial para atraer inversiones" en ese campo.
Este "pacto social por el sol" incluiría además ayudas públicas, como la "microgeneración y fotogeneración para autoconsumo, sin vertido a la red y tanto para viviendas unifamiliares como para su empleo en explotaciones agrarias, ganaderas e industriales".
Además del resto de grupos de la Asamblea, Podemos ha propuesto que participen en el proyecto entidades regionales como Croem, Proexport, Coag, Fecoam, Aremur, Consumur, Ecologistas en Acción y Anse, así como a UGT, CCOO y otros sindicatos y colectivos empresariales y ecologistas de la región.
Inconstitucional
Este mensaje llega después de conocerse que el Gobierno quiere frenar en el Tribunal Constitucional la normativa sobre autoconsumo con balance neto que aprobó el Gobierno murciano antes de las elecciones. Una medida electoralista de escaso recorrido que el Gobierno llevará al TC para tumbarla al creer que la regulación eléctrica recae en el Gobierno.
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