Hace ya casi un año de la entrada en vigor del nuevo mecanismo de fijación de la tarifa regulada, nacido como consecuencia de la suspensión de la subasta eléctrica de diciembre de 2013, que hasta entonces había servido para la determinación del precio que pagan millones de consumidores domésticos por su suministro eléctrico.
Desde entonces hemos visto declaraciones muy variadas sobre cuál ha sido el resultado del cambio de mecanismo y la evolución del precio de tarifa eléctrica, tanto por parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; el Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal; como de organizaciones de consumidores, partidos políticos, periodistas, expertos, directivos de empresas y en general, cualquiera que tuviera acceso a una calculadora. Mientras que desde el gobierno han presumido en varias ocasiones de la reducción del precio de la electricidad, desde la oposición, empresarios, incluso consumidores no opinan lo mismo.
Esta discrepancia en las percepciones sucede porque se hacen bailar las cifras a conveniencia de la parte interesada de manera abrumadora. La desinformación del consumidor, favorecida por un mecanismo de cálculo de la tarifa que pretende ser transparente, pero que dada su complejidad técnica no resulta comprensible para el usuario, hace que la confusión sea aún mayor y provoca una gran desconfianza en el mercado y los operadores.
La realidad es que las distintas partes que intervienen han aprovechado la volatilidad del PVPC y su estacionalidad para utilizar en sus cálculos el periodo de tiempo que mejor les convenía, con el objeto de generar grandes titulares que sólo acrecientan las dudas sobre el comportamiento real de los precios.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios