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Hace ya casi un año de la entrada en vigor del nuevo mecanismo de fijación de la tarifa regulada, nacido como consecuencia de la suspensión de la subasta eléctrica de diciembre de 2013, que hasta entonces había servido para la determinación del precio que pagan millones de consumidores domésticos por su suministro eléctrico.

Desde entonces hemos visto declaraciones muy variadas sobre cuál ha sido el resultado del cambio de mecanismo y la evolución del precio de tarifa eléctrica, tanto por parte del Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; el Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal; como de organizaciones de consumidores, partidos políticos, periodistas, expertos, directivos de empresas y en general, cualquiera que tuviera acceso a una calculadora. Mientras que desde el gobierno han presumido en varias ocasiones de la reducción del precio de la electricidad, desde la oposición, empresarios, incluso consumidores no opinan lo mismo.

Esta discrepancia en las percepciones sucede porque se hacen bailar las cifras a conveniencia de la parte interesada de manera abrumadora. La desinformación del consumidor, favorecida por un mecanismo de cálculo de la tarifa que pretende ser transparente, pero que dada su complejidad técnica no resulta comprensible para el usuario, hace que la confusión sea aún mayor y provoca una gran desconfianza en el mercado y los operadores.

La realidad es que las distintas partes que intervienen han aprovechado la volatilidad del PVPC y su estacionalidad para utilizar en sus cálculos el periodo de tiempo que mejor les convenía, con el objeto de generar grandes titulares que sólo acrecientan las dudas sobre el comportamiento real de los precios.

No existe otro sector de la economía en el cual esto suceda, y sin duda se debe a la desmedida “utilización interesada” del sector energético, que afecta directamente a millones de consumidores domésticos e industriales.

Pero, al margen de utilizaciones partidistas, el hecho irrefutable es que el precio de la tarifa regulada el año pasado fue un 1,26 % superior al de 2013 para un consumidor doméstico medio, cuando el precio del mercado mayorista se comportó justamente al revés, siendo menor en 2014 que en 2013.

¿A qué se debe esta diferencia? Principalmente a los cambios regulatorios que han tenido lugar en este periodo, que han alterado la estructura de peajes y los impuestos que se aplican sobre el consumo eléctrico.

Aunque, sobre el papel, los peajes se han congelado, se ha producido una subida encubierta ya que se ha deducido el coste del servicio de interrumpibilidad de los mismos en 2015 y se ha trasladado a los comercializadores, quienes, lógicamente, lo repercuten al cliente final. Esto significa una subida de alrededor de 8 euros al año para un doméstico medio.

¿Y qué podemos esperar en el futuro entonces?  En enero y febrero de 2015, el precio del término de energía ha sido un 11% y un 46% más caro que durante los mismos meses del año pasado. Esto puede ser un anticipo de que nos espera un año de precios eléctricos elevados en relación a los anteriores.

Evidentemente las alzas de precios no gustan a nadie, pero quizá el mayor problema radica en la poca claridad y confusión que se respira en el sector y que afecta directamente al consumidor, indefenso ante la manipulación informativa de las cifras.

Hernán Martínez es responsable de Energía del portal Kelisto.es.

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