Portugal aplica una desmesurada carga fiscal a las renovables

Portugal aplica a las energías renovables una carga fiscal y parafiscal "sin paralelo conocido" en Europa, debido principalmente al mantenimiento de la Contribución Extraordinaria sobre el Sector Energético (CESE), según un estudio elaborado por la Nova School of Business and Economics (Nova SBE) y el despacho Lobo Carmona para la Asociación Portuguesa de Energías Renovables (APREN).

El informe, presentado por APREN, sostiene que Portugal es actualmente "el único país europeo" que mantiene una contribución permanente de este tipo sobre los activos de las energías renovables, lo que, a juicio de sus autores, penaliza la inversión y resta competitividad al sector.

Según el estudio, el sector aportó en 2024 un total de 1.110 millones de euros en impuestos y contribuciones al Estado, el equivalente al 1,16% de la recaudación fiscal nacional, mientras que la carga tributaria soportada por las empresas representa alrededor del 35 % de sus beneficios.

Además, entre 2020 y 2024 abonó 312 millones de euros por la CESE y el denominado mecanismo de 'clawback', en virtud del cual determinados productores de electricidad en Portugal deben pagar una compensación económica al Estado cuando se considera que pueden obtener beneficios extraordinarios ("windfall profits") derivados de distorsiones del mercado eléctrico ibérico (MIBEL).

Los autores del informe afirman que existen en torno a 60.000 millones de euros en proyectos de inversión pendientes de ejecución debido, principalmente, a los plazos de licenciamiento, la limitada capacidad de la red eléctrica y la ausencia de nuevas subastas de capacidad desde 2022.

Portugal y las renovables

El economista y profesor de la Nova SBE Pedro Brinca, citado en el estudio, aseguró que cada año de retraso supone una pérdida potencial de unos 1.700 millones de euros de ingresos fiscales y defendió que eliminar los obstáculos regulatorios permitiría aumentar significativamente la aportación del sector a las cuentas públicas.

En ese escenario, el informe estima que la contribución fiscal anual de las energías renovables podría alcanzar unos 2.800 millones de euros, más del doble de la actual, y generar entre 12.000 y 17.000 millones de euros adicionales para las arcas públicas entre 2025 y 2034.

El estudio también advierte contra una eventual extensión del impuesto municipal sobre bienes inmuebles (IMI) a infraestructuras como aerogeneradores o paneles solares y propone, en su lugar, redistribuir una mayor parte de los ingresos fiscales generados por el sector hacia los municipios que albergan estas instalaciones.

El trabajo fue elaborado por la Nova SBE y Lobo Carmona a petición de APREN, a partir de datos correspondientes al periodo 2020-2024 recopilados entre empresas del sector, y plantea ocho medidas para acelerar la inversión y alinear la fiscalidad portuguesa con la de otros países europeos, entre ellas la eliminación de la CESE, la reducción de los plazos de licenciamiento y el refuerzo de la red de transporte eléctrico.