RD 88/2026: cuando el reto ya no es cumplir, sino poder demostrarlo

Hasta febrero de este año, la conformidad en el sector eléctrico era, sobre todo, una cuestión de procesos: enviar un contrato, generar una factura, tramitar un cambio de comercializadora. El RD 88/2026 cambia las reglas: el regulador ya no pregunta únicamente si una compañía informó a su cliente, sino si puede acreditarlo con garantías. Es el salto de cumplir a poder demostrarlo, y es exactamente el escenario que especialistas en  comunicaciones certificadas como MailComms Group ya estaban anticipando.

Lo que cambia para las comercializadoras

La norma refuerza los derechos de la persona consumidora y añade obligaciones muy concretas:

• Entregar un documento precontractual en soporte duradero, redactado en lenguaje sencillo, antes de la firma.

• Registrar cuándo se envía y cuándo se lee ese documento.

• Conservar la identificación del cliente, el contrato firmado y, en su caso, la grabación íntegra de la llamada de contratación, con consentimiento expreso para grabar.

• Comunicar las revisiones de precio de forma separada de la factura, con fecha de envío, fecha de aplicación y una tabla comparativa.

• Garantizar trazabilidad en los cambios de comercializador y agregador, y un canal de reclamaciones electrónico y accesible.

Ninguna de estas obligaciones es, en sí misma, revolucionaria. Lo que cambia es que ya no basta con haberlas ejecutado: hay que poder reconstruir el expediente completo si el cliente reclama o si la CNMC lo solicita.

Del proceso al expediente

Ahí está el verdadero riesgo operativo. Una notificación de cambio de condiciones enviada sin constancia fehaciente es una puerta abierta a reclamaciones masivas. Un contrato telefónico que no registre quién habló, cuándo y qué aceptó exactamente el cliente es, en la práctica, una invitación a la nulidad.

Los plazos, además, se han estrechado: el cambio de comercializador debe solicitarse en 24 horas y completarse en un máximo de diez días hábiles; las revisiones de precio exigen un mes de preaviso. Cada plazo que vence sin evidencia documentada es un riesgo nuevo que se acumula.

Por qué el reglamento eIDAS entra en juego

Las exigencias probatorias que plantea el Real Decreto  encuentran respuesta directa en el Reglamento (UE) eIDAS 910/2014.

Los datos enviados mediante un servicio cualificado de entrega electrónica certificada gozan de presunción de integridad: se presume que fueron enviados por el remitente identificado, recibidos por el destinatario identificado y con fecha y hora exactas. Esa presunción tiene un efecto muy concreto en un litigio: invierte la carga de la prueba a favor de quien puede aportar el sello de tiempo cualificado y la identificación certificada. La firma electrónica cualificada, por su parte, da a un contrato la misma validez que una firma manuscrita.

De la fricción regulatoria a la ventaja competitiva

Vista con perspectiva, la norma abre una oportunidad tan concreta como el riesgo que plantea. Los momentos donde más se juega esa partida son, entre otros:

1. La comunicación precontractual y el alta del cliente.
2. La contratación y el consentimiento (incluida la grabación de llamadas).
3. La revisión de precios y los cambios contractuales.
4. Los cambios de comercializador y agregador.
5. La gestión de reclamaciones.
6. La notificación de cortes por impago.

En cada uno de estos puntos, la diferencia entre una compañía expuesta y una compañía protegida no está en si cumplió la obligación, sino en si conservó —con sello de tiempo, identificación y trazabilidad— la evidencia de haberlo hecho.

El cliente en el centro y protegido

En la práctica, cada interacción con el cliente se convierte en un potencial elemento de sujeto a prueba, y la empresa que no pueda reconstruirla queda expuesta a sanciones, devoluciones masivas o litigios reputacionales.

La entrada en vigor no admite un periodo de adaptación cómodo: buena parte de las obligaciones ya son efectivas. Adoptar una cultura probatoria —diseñar cada proceso pensando en cómo se demostraría ante un juez o ante la CNMC— deja de ser un ejercicio de cumplimiento normativo aislado para convertirse en una pieza central de la relación de confianza con el cliente.

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