Recta final para conocer los nuevos mecanismos de capacidad en la Directiva de Mercado Eléctrico

Se están intensificando las reuniones del Consejo Europeo para decidir cómo debería ser la Directiva de Diseño de Mercado Eléctrico, la piedra angular que va a cohesionar el resto de la normativa europea. Y no es de extrañar porque es la última Directiva que falta por aprobar del 'paquete de invierno' que en 2016 presentó la Comisión Europea. Este próximo 18 de octubre se celebrará un nuevo trílogo para intentar llegar a un acuerdo con el Parlamento Europeo.

Existe una fuerte voluntad política de la Comisión Europea para terminar el trabajo a finales de noviembre y que el Consejo TTE (los ministros de Transporte, Telecomunicaciones y Energía) de diciembre presenten los acuerdos finales en paralelo a las negociaciones de la COP24 en Katowice (Polonia). Para Bruselas y los representantes de la presidencia austríaca es importante que caminen juntos los conceptos de clima y estrategia energética, según explica CEEP (Central Europe Energy Partners), la patronal de la industria electrointensiva centroeuropea.

Queda acordar los detalles de la principal normativa, la que impulsará en mayor o menor medida la transición energética en Europa: Los mercados o mecanismos de capacidad. Las divergencias entre el Consejo y el Parlamento son muy considerables a día de hoy. No hay una visión clara sobre las direcciones políticas de las negociaciones ni las posibles compensaciones. Los trabajos se acelerarán para el próximo trílogo y los lobbies intentarán ejercer presión sobre ellos en las semanas posteriores.

Lo que ya se conoce, según CEEP, es que el Consejo ha eliminado una de las líneas rojas del Parlamento sobre estos mecanismos. Según explicaba a este diario Florent Marcellesi, eurodiputado por EQUO en el grupo de Los Verdes/ALE y ponente en esta directiva, "lo que realmente se discute es si la futura política energética de la UE debe ser más europea o más nacional", si el funcionamiento de los pagos por capacidad debe ser una decisión comunitaria o de cada nación, y para el europarlamentario, "hay que evitar los chanchullos de los Gobiernos, ya ha ocurrido en el pasado, y España no ha estado exenta de que se la haya investigado por las ayudas estatales a las centrales eléctricas".

Sin embargo, el Consejo ya ha presentado su lista de propuestas: (a) que el dimensionamiento de la capacidad de reserva sea regional; (b) que se facilite la adquisición regional de la capacidad de balanceo; y (c) que se optimicen los mecanismos de compensación entre operadores de sistemas.

Lla balanza se inclina a una visión más nacional que europea. Enlaza con las reclamaciones que lleva haciendo la industria extractiva polaca, PKEE (Polish Electricity Association). Cada país tiene unas singularidades y por tanto, cada país debe decir cómo y de qué manera se gestionan esos mecanismos.

El informe de PKEE, "Electricity Market Reform: A European Tour", considera necesario garantizar la protección de los derechos adquiridos de las centrales que firmen contratos de capacidad antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento. También asegurar la previsibilidad y apoyo para las unidades existentes y las que han recibido la decisión final de inversión antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento. Y por último, calmar a los inversores introduciendo un período de transición apropiado y realista para la aplicación de los nuevos estándares de emisiones.

Es decir, que mientras Parlamento propone 2020 como fecha tope para cerrar las centrales que superen los 550 gr de CO2/kWh y 2025 para las que realizaron las inversiones ambientales, Polonia quiere que ese plazo se alargue hasta 2030 para ambas.

"Este período garantizaría una elegibilidad transitoria para la participación en los mecanismos de capacidad de las unidades generadoras más emisoras" y  "proporcionaría un tiempo que permitiría un reemplazo gradual de las unidades de carbón con las nuevas fuentes de bajas emisiones sin amenazar la seguridad del suministro en Polonia", dicen.

España se ha posicionado del lado de la Comisión Europea y de países poco carboneros frente a Francia, Polonia, Hungría, Grecia, Irlanda y Reino Unido que piden ese alargamiento de los pagos por capacidad, además de una "reserva estratégica" de carbón.

Falta conocer la postura de Alemania, que se torna harto complicada. La situación política en el país germano está cambiando y las últimas elecciones en la región Baviera ofrecen un escenario muy fragmentado con el ascenso de Los Verdes pero también de la nacionalista ultraderecha (AfD).

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También el Brexit y cómo va a afectar a este mercado común será otra de las cuestiones que deberán plasmarse sobre el papel. Irlanda está clamando al cielo para que no quede aislada de Europa con la salida de Reino Unido. Además, desde el punto de vista legal, el Brexit puede presentar numerosos desafíos para el procedimiento de votación y a la hora de alcanzar mayorías.

Hasta ahora, ha habido tímidos avances y una discusión inicial sobre los Centros de Coordinación Regional y las zonas de licitación: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the internal market for electricity (recast). Se ha negociado el art. 32 (Establecimiento y misión de los Coordinadores Regionales de Seguridad), el art. 33 (Ámbito geográfico de los coordinadores regionales de seguridad), el art. 34 (Tareas de los coordinadores de seguridad regionales) y 38 (Acciones y recomendaciones coordinadas).

Por último, en la Directiva se incluye una normativa para que los clientes domésticos reciban información adecuada sobre las alternativas a la desconexión con suficiente antelación. Estas alternativas pueden referirse a tecnologías de apoyo para evitar la desconexión, los sistemas de prepago, las auditorías energéticas, los servicios de consultoría energética, los planes de pago alternativos, el asesoramiento sobre la gestión de la deuda o la desconexión, etc. La información sobre las alternativas disponibles no debe constituir un coste adicional para los clientes que deciden desconectarse de la red.

También, en el artículo 12, párrafo 3, en relación con las excepciones a la regla que permite a los clientes cambiar de proveedor de forma gratuita, el compromiso se acordó en general. El problema es la obligación de los reguladores de monitorear la prueba del proveedor de los costes económicos directos causados ​​por el cambio, que es lo que apoya al Parlamento. En el artículo 14, que trata de las herramientas de comparación, se acordó en principio el compromiso establecido en el mandato del Consejo.

Habrá que esperar a los próximos trílogos que ya están fijados en el calendario. El tercer trílogo será el 18 de octubre, el cuarto el 13 de noviembre y el quinto, el 5 de diciembre.