Redeia, matriz de Red Eléctrica, publica este miércoles sus resultados correspondientes a la primera mitad del año, tres meses después del apagón peninsular del 28 de abril, un incidente inédito que ha disparado la tensión entre el operador del sistema eléctrico y las empresas generadoras y distribuidoras.
El mercado vaticina un beneficio neto en línea con el del primer semestre del pasado ejercicio, cuando rondó los 270 millones de euros, y pone el foco en los comentarios que el equipo gestor pueda hacer sobre temas regulatorios, como la retribución financiera de las redes o la reciente derogación del decreto 'antiapagones'.
El analista Ángel Pérez (Renta 4 Banco) espera que las ventas mejoren este trimestre por los efectos de las inversiones en la red de transporte, tras un 2024 afectado por el impacto de la finalización de la vida útil retributiva de las instalaciones con licencia de explotación anterior a 1998 (activos pre-98).
Un episodio que marcará la estrategia de Redeia
El cero eléctrico en la España peninsular y Portugal y sus consecuencias han marcado el primer semestre de Redeia, que integra a Red Eléctrica y de la que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), posee un 20%.
También el de su presidenta, Beatriz Corredor, que en la última junta general de accionistas del grupo se enfrentó a una propuesta de cese que no se encontraba entre los puntos del orden del día y que no alcanzó el número de votos a favor necesario.
Antes, en esa misma cita, la presidenta de Redeia aseguró que el apagón "evidentemente" tendrá una "influencia troncal" en la definición de la estrategia corporativa de cara a los próximos ejercicios.
Ante las continuas peticiones de dimisión y las voces que le exigían que asumiera su responsabilidad en los hechos, Corredor ha venido manifestando en estos meses su plena y absoluta confianza en los operadores del sistema eléctrico, e incluso dijo que le daban "igual" los comentarios vertidos contra ella.
La compañía insiste en que actuaron con la debida diligencia, por lo que, a su modo de ver, no es necesario ni realizar provisiones a nivel de estados financieros ni considerar coberturas a nivel de indemnizaciones que puedan surgir en el proceso.









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