El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha considerado que con la caída del impuesto extraordinario a las energéticas, que vencía el próximo 31 de diciembre, "el problema se ha terminado" y ha dado por reactivado el compromiso con las inversiones que tenía programadas la compañía en su plan estratégico para España y sus centros industriales.
En una conferencia con analistas para presentar los resultados de los nueve primeros meses del año, Imaz señaló que "en este nuevo ambiente de estabilidad regulatoria", después de que el Gobierno acordara este miércoles con Junts y el PNV 'tumbar' la posibilidad de hacer permanente este gravamen, se puede así levantar la situación de 'stand by' en que se encontraban estas inversiones.
De hecho, el primer ejecutivo de Repsol indicó que las primeras decisiones finales de inversión (FID, por sus siglas en inglés), tras las "positivas noticias" de la caída del denominado 'impuestazo' por el sector, se podrían empezar a tomar en 2025 para los proyectos previstos para impulsar el hidrógeno renovable en Cartagena, Bilbao y la Ecoplanta en Tarragona.
"Ahora es el momento para nosotros de enfocarnos en el futuro y las oportunidades que están por venir. Y esta positiva decisión que vimos ayer nos permite avanzar con las inversiones industriales que tenemos planificadas en España", dijo.
De esta manera, Imaz aseguró que ahora Repsol se focalizará en preparar estas inversiones para "asegurarse de que se van a ejecutar con éxito en el futuro".
Repsol ha sido el grupo más damnificado del sector energético en estos dos años por este gravamen especial, con el abono de casi 800 millones de euros -444 millones en 2023 y unos 335 millones de euros este ejercicio-.
Inicialmente aprobado para dos ejercicios -2023 y 2024- debido al impacto por la crisis por la guerra en Ucrania, el Gobierno ha ingresado más de 2.400 millones de euros del sector energético en estos dos años por esta partida.
Las inversiones de Repsol
Este impuesto hizo que Repsol decidiera congelar inversiones cercanas a unos 1.500 millones de euros que podían afectar a proyectos en cartera del grupo en el País Vasco, Tarragona (Cataluña) y Cartagena (Murcia), ante la inestabilidad regulatoria que consideraba que existía en el país.
En el caso concreto de Tarragona, Repsol cuenta con un 'megaproyecto' para construir una planta de valorización de residuos por un valor de 750 millones de euros.
También en Tarragona, la energética prevé instalar, dentro de la estrategia de conversión de sus polígonos industriales hacia la descarbonización, el mayor electrolizador de España con una capacidad de 150 megavatios (MW), con una inversión de unos 300 millones de euros.
En Cartagena, otro de sus grandes centros industriales en España, prevé la instalación de un electrolizador de 100 MW, con una inversión de unos 200 millones de euros.
A estos proyectos se unen los previstos por el grupo en el País Vasco para impulsar allí una cadena de valor para el hidrógeno, que pasan por una inversión de en torno a 200 millones de euros para poner en marcha un electrolizador de 100 megavatios (MW) en la refinería de Petronor.
Medidas contra el fraude en los carburantes
Por otra parte, Imaz aplaudió las medidas propuestas por el Gobierno para reforzar el control de los operadores de hidrocarburos y evitar el fraude existente en el sector.
Este miércoles, el PSOE acordó con el PNV la inclusión a través de enmiendas de medidas normativas para atajar el fraude del IVA en los hidrocarburos.
A este respecto, Imaz estimó que el proceso legislativo será aprobado antes de final de año, ya que cuenta con "un gran apoyo", y resolverá "en términos estructurales el problema".
"Estamos seguros de que con los mecanismos de control de fraude tomados por las autoridades españolas las condiciones de mercado deberían normalizarse en 2025", dijo.
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