Este martes el Congreso de los Diputados ha dejado al Partido Popular más solo que nunca. Todos los partidos con representación política han acudido a la Comisión de Industria, Energía y Turismo para tratar varios temas de suma importancia como la competitividad de la industria de gran consumo energético, la subasta de interrumpibilidad, el fracking o la indemnización del almacén Castor.
Asuntos que el Partido Popular había llevado a cabo durante su legislatura en distintas reformas y que la oposición quiere tumbar a toda costa siempre y cuando se forme un Gobierno de coalición (PSOE, Podemos y Ciudadanos).
Este martes, la mayoría del Congreso ha optado por parar los pies a la reforma energética del PP. Por un lado, ha habido consenso de todos los partidos a excepción del PP y la abstención de Ciudadanos para poner límites al fracking en España.
La iniciativa negociada entre los grupos insta al Gobierno a hacer las modificaciones legislativas necesarias para bloquear el “fracking” y derogar los artículos de la ley de hidrocarburos que favorezcan su implantación -fundamentalmente los incentivos económicos-.
Solicita además la suspensión cautelar de las prospecciones y fijar una moratoria en esta legislatura, que abarque los permisos o peticiones de autorización para hacer investigaciones, sondeos o explotaciones que estén en trámite y aquellos que, aún habiendo sido objeto de concesión, no hayan iniciado los trabajos.
Castor
La Comisión de Industria del Congreso ha aprobado este martes una iniciativa pactada entre En Comú Podem, PSOE y Ciudadanos para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del proyecto de almacenamiento de gas Castor y para estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS, participada por ACS.
La propuesta, que partía de un texto presentado por la confluencia catalana de Podemos, ha sido finalmente transaccionada con socialistas y ‘ciudadanos’, y ha cosechado el respaldo de ERC, Democracia y Libertad (DL), PNV y Compromís, frente al rechazo de los diputados del PP.
El portavoz de Industria de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha criticado el “escándalo mayúsculo” de este proyecto “fracasado”, que se fomentó “más por el interés del promotor que por el interés general” y que ha acabado por convertirse en un “pelotazo financiero” que puede llegar a costar más de 4.000 millones de euros a los ciudadanos.
Mejor interrumpibilidad para la industria
Asimismo, la Comisión de Industria del Congreso ha instado por unanimidad a que un nuevo Gobierno estudie el establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico a precio competitivo estable y predecible, con el fin de garantizar la competencia de las industrias españolas.
Cabe destacar que dentro de esta iniciativa se pide promover un Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición hacia un modelo más competitivo, más transparente y más sostenible.
Es por ello que se apueste por un modelo energético que esté basado en las renovables.
Además, la diputada de En Marea Yolanda Díaz ha defendido la proposición no de Ley presentada por su confluencia y Podemos, relativa a garantizar las condiciones de las subastas para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico, ya que el sistema actual es “opaco, poco transparente e injusto”.
En este sentido, pide al Gobierno medidas que logren mejoras en el sistema de subasta y que está poniendo en “jaque” a la empresa Alcoa, ubicada en A Coruña.
Margarita Pérez, diputada del PSOE ha calificado de “dramática” la hipótesis de que pudiera desaparecer la planta de Alcoa.
“El sector industrial necesita un marco estable de costes eléctricos y necesita una solución rápida y estable por su gran dependencia de la electricidad”, ha aseverado.
Llegarán otras medidas
Estas han sido las primeras proposiciones no de ley que los partidos han aprobado en la Comisión de Industria. Las medidas antireforma energética del PP se irán viendo, sobre todo, en el caso de que se forme un Gobierno de coalición.
Entre las medidas que están dispuestos a llevar a cabo está rectificar el decreto de autoconsumo y quitar el impuesto al sol, cerrar definitivamente Garoña, hacer una auditoría de los costes del sistema eléctrico con el objetivo de acabar con las 'ayudas' a las fuentes de generación convencional (nuclear, carbón e hidráulica), etc.
La reforma energética del PP podría quedarse coja. Parece tener las patas más cortas de lo que se presuponía. Pero tiene una salida. Que se celebren elecciones de nuevo y se disuelva el Congreso. Entonces todas estas iniciativas se quedarán en papel mojado hasta que se forme un nuevo Gobierno.
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