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Las diferentes Administraciones están sacando a concurso sus suministros de energía eléctrica. En muchos casos los pliegos de bases se han racionalizado y han dejado de pedir garantías provisionales para acudir al concurso. Incluso hay algunos que haciendo uso de la Ley de Contratos del Estado, han dejado de exigir (los menos ciertamente) garantías definitivas al adjudicatario.

Lo habitual en las Administraciones que solicitan estas garantías es que pidan un 5% del importe del suministro, lo cual es un absurdo y lo único que hace es encarecer el producto final en aproximadamente un 0,2% que solo servirá para engordar la cuenta de resultados del banco avalista, para gastar papel y lápiz, y para perjudicar a los ciudadanos, pues ese incremento de coste podrá verse reflejado en el precio final de la energía. Por último, porque desde el primer kWh suministrado, el avalado se convierte en deudor del avalista. Entonces, ¿cuál es la necesidad del aval? ¿Para qué?

La respuesta es obvia: para nada. Bueno, para complicarnos la vida ya que otro efecto perverso es el aumento de riesgos para las comercializadoras puesto que para las pequeñas, supone limitarles la financiación del circulante en su banco.

El pasado día 24 de marzo en el BOE nº 71, pág. 12.516, el Ayuntamiento de Jerez convocaba el concurso de suministro de electricidad para los próximos dos años, con un presupuesto base muy próximo a los 10 millones de euros y exige en el anuncio que el comercializador le preste un aval del 5%, es decir, casi 500.000 euros. Según lo que hemos podido leer en los medios de comunicación, el Ayuntamiento de Jerez ha tenido problemas para el pago de las nóminas a sus empleados que debería ser su primera prioridad. Cabe pensar que el cobro del suministro de electricidad, al menos, como poco, se puede poner en cuestión. Por tanto, de tener que pedirse algún aval, sería del comercializador al ayuntamiento y no al revés.

A la hora de elaborar el pliego de bases del concurso no podemos más que preguntarnos si de verdad se han parado a pensar lo que están poniendo. ¿O es rutina funcionarial?

Si a esto añadimos que no encontramos casi en ningún concurso que se distinga, no sólo que la energía sea de procedencia limpia, sino que ni siquiera haya valoración de la clasificación de las comercializadoras, a pesar de que existe esa clasificación desde la A a la G, podemos concluir que sí, que es rutina, rutina y rutina. Son muchos los dirigentes municipales que hacen solemnes declaraciones contra el Cambio Climático pero luego son incapaces de asegurarse (o, al menos, valorarlo) que los kilovatios que va a consumir su Ayuntamiento no contribuyen al mismo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha insistido ante la Administración Central para que elabore los pliegos de los concursos de forma que puedan acceder las comercializadoras pequeñas, aunque sea a lotes parciales. El Ministerio de Hacienda acaba de sacar uno para un acuerdo marco de suministro de 750 millones de euros.  Sin comentarios.

Para que nadie piense que son casos únicos, el propio Ministerio de Industria, Energía y Turismo, convoca concurso para alguna de sus dependencias, (BOE DE 1 DE ABRIL 2015, PAG.15461), para suministrar desde el 1 de Agosto, por un período de 6 meses y un importe estimado de 477.000 euros.

Condiciones:

  • Oferta económica más baja (no distingue para nada la calidad o procedencia de la energía).
  • Coste del anuncio: 2.000 euros (casi un 0,5%).
  • Garantía exigida: 5% del importe estimado. Insisto: ¿Para qué y por qué?

Inexplicable. Lo que debería hacer la Administración, ya sea la Central, la Autonómica o la Local, es, por una parte, considerar y valorar adecuadamente aspectos como la clasificación de las comercializadoras y la eficiencia y, por otra, promover la eliminación de barreras y gastos innecesarios. ¿Es tan difícil, intentar al menos, hacer las cosas un poco bien?

En la Ley 54/97 del Sector Eléctrico del gobierno del PP de Aznar, derogada por el actual gobierno, en la exposición de motivos, se decía que habría liberalización total del sector en 10 años. Pues llevamos 8 de retraso … y los que vengan. ¿Así cumplen sus propias leyes?

José María González Vélez es presidente de Gesternova.

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