En Galicia, donde los vientos azotan las tierras costeras y las colinas del interior, se encuentra un gran potencial energético a través de la energía eólica listo para impulsar la descarbonización de España. Sin embargo, este ha estado en peligro debido a batallas legales que han amenazado con paralizar el desarrollo de la energía eólica en la región. Ahora, con nuevas propuestas legislativas en el horizonte, parece que la eólica en Galicia está recibiendo un salvavidas que podría revitalizar su potencial y garantizar su papel en la transición energética.

El epicentro de esta lucha ha sido la incertidumbre legal en torno a las medidas cautelares que han llevado a la suspensión de proyectos eólicos en la comunidad autónoma. Uno de los mayores desafíos ha sido la posibilidad de que estas suspensiones cautelares prolongadas resulten en la caducidad de los permisos de acceso y conexión, lo que podría significar el fin prematuro de los proyectos, incluso si las decisiones judiciales finales resultan favorables a su autorización.

El Real Decreto-ley 23/2020 (RDL 23/2020) ha establecido hitos y plazos para el desarrollo de proyectos eólicos en España, incluida Galicia. Sin embargo, la prolongación de los procedimientos judiciales ha amenazado con hacer que estos plazos sean inalcanzables, lo que podría llevar a la pérdida de los permisos de acceso y conexión, un golpe devastador para la industria eólica regional.

Enmiendas

En un esfuerzo por abordar este problema, se han presentado enmiendas legislativas durante la tramitación como ley del Real Decreto-ley 8/2023 (RDL 8/2023). Estas enmiendas, respaldadas por varios grupos parlamentarios -como pueden ser el Partido Popular, Junts, el grupo parlamentario mixto o el vasco- tienen como objetivo principal proteger los proyectos eólicos en Galicia frente a los efectos perjudiciales de los procedimientos judiciales en curso.

La enmienda 118 al proyecto de ley derivado del RDL 8/2023, por ejemplo, busca permitir la paralización de los plazos cuando existan medidas cautelares que impidan el cumplimiento temporal de los hitos establecidos. Del mismo modo, la enmienda 119 propone suspender el cómputo de plazos para acreditar el cumplimiento de determinados hitos durante procedimientos judiciales que afecten directa o indirectamente a la ejecución del proyecto.

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Así, los plazos de cumplimiento de los hitos establecidos en el Real Decreto-ley 23/2020 podrán ser suspendidos durante el tiempo que los proyectos estén judicializados. Esto significa que los promotores no perderán sus permisos de acceso y conexión debido a decisiones judiciales, asegurando así la continuidad de las iniciativas eólicas en la región.

La justificación de estas enmiendas deja en claro que su objetivo es evitar la caducidad de los permisos de acceso a red debido a suspensiones cautelares judiciales. Su aprobación sería vital para la preservación de numerosos proyectos actualmente paralizados por decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, especialmente si las sentencias judiciales resultan favorables a su implementación.

Tribunal de Justicia de la UE

Sin embargo, la batalla judicial aún no ha terminado. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), solicitando claridad sobre los procedimientos de consulta pública en la autorización de proyectos eólicos. Esta solicitud refleja la complejidad y la importancia de garantizar la participación pública efectiva en decisiones que afectan al medio ambiente y al desarrollo regional.

Se estima que alrededor de 60 proyectos eólicos, que representan 3.000 MW de potencia, están actualmente afectados por la judicialización. Esto equivale a una inversión de aproximadamente 4.200 millones de euros y la creación de alrededor de 4.800 empleos durante cinco años. La resolución de los conflictos legales en torno a estos proyectos no solo es crucial para el desarrollo económico de la región, sino también para su contribución a la lucha contra el cambio climático.