Foro de Almacenamiento Energético

El sector del almacenamiento exige agilidad regulatoria para acelerar las baterías en España

Durante el III Foro de Almacenamiento organizado por El Periódico de la Energía, representantes de algunas de las principales compañías energéticas declararon que la lentitud administrativa y la falta de concreción normativa continúan frenando el desarrollo de proyectos

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El almacenamiento energético atraviesa un momento clave en España. El interés inversor, el avance tecnológico y el impulso regulatorio europeo han consolidado a las baterías como una de las grandes apuestas para reforzar el sistema eléctrico y facilitar la integración renovable. Sin embargo, el sector considera que la lentitud administrativa y la falta de concreción normativa continúan frenando el desarrollo de proyectos.

Durante la primera mesa del III Foro de Almacenamiento organizado por El Periódico de la Energía, representantes de algunas de las principales compañías energéticas coincidieron en reclamar mayor agilidad regulatoria, estabilidad jurídica y mecanismos económicos que permitan acelerar la implantación de baterías en el país.

Daniel Fernández Alonso, director de regulación, comunicación, relaciones institucionales y sostenibilidad de Engie, aseguró que el sector vive “un momento muy optimista” tras la aprobación del Real Decreto-ley 7/2025. El directivo destacó especialmente la importancia de los accesos de demanda, la mejora de la conexión de instalaciones de almacenamiento y el futuro desarrollo de los mecanismos de capacidad, considerados esenciales para aportar estabilidad financiera a los proyectos. Fernández subrayó además que las señales procedentes de Bruselas son “muy prometedoras” y apuntan a la posible celebración de una primera subasta de capacidad antes de que termine el año.

Integración territorial

No obstante, desde Engie también advirtieron de que muchas de las medidas aprobadas siguen pendientes de aplicación práctica. Fernández insistió en que el almacenamiento necesita procesos administrativos más ágiles y un desarrollo normativo más rápido para que los proyectos puedan ejecutarse sin acumulación de retrasos.

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Desde la visión de los desarrolladores, Lourdes Llana, directora de almacenamiento de RIC Energy, reconoció los avances regulatorios introducidos por el Real Decreto-ley 7, aunque alertó de que todavía persiste una importante falta de concreción administrativa. Llana señaló que las empresas necesitan “claridad en los procesos” y un mayor respaldo institucional ante la creciente oposición social que afrontan algunos proyectos.

La responsable de RIC Energy explicó que muchas compañías llevan años trabajando en la integración territorial de las instalaciones, pero lamentó que el desconocimiento sobre las tecnologías de almacenamiento siga provocando rechazo y la imposición de requisitos que encarecen las inversiones. También destacó las dificultades técnicas y regulatorias que todavía encuentran los promotores para desarrollar proyectos híbridos con baterías debido a la falta de regulación plenamente desarrollada sobre servicios auxiliares y procedimientos de conexión.

Herramienta para gestionar riesgos y estabilidad

Por parte de Naturgy, María Pérez, directora de almacenamiento de la energética, defendió que el almacenamiento “ya no tiene marcha atrás” y que el sistema eléctrico español necesita urgentemente nuevas soluciones de flexibilidad. Pérez recordó que el negocio de las baterías continúa altamente expuesto al mercado eléctrico y depende de múltiples servicios y mercados de ajuste, lo que añade complejidad operativa y financiera a los proyectos.

Aunque reconoció que la caída del coste de las baterías y el aprovechamiento de infraestructuras renovables existentes han mejorado las perspectivas de rentabilidad, la directiva advirtió de que el almacenamiento no debe convertirse únicamente en un producto financiero desligado de las necesidades reales del sistema eléctrico. En su opinión, las baterías deben entenderse como herramientas para gestionar riesgos y aportar estabilidad a la red.

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La apuesta por el almacenamiento híbrido también fue defendida por Marta Fernández, directora de desarrollo de negocio de Acciona Energía. Fernández apostó claramente por aprovechar infraestructuras renovables ya construidas para maximizar el uso de las redes eléctricas y reducir costes de inversión.

Además, la directiva reivindicó el papel estratégico del bombeo hidráulico de larga duración, una tecnología que, a su juicio, está recibiendo menos atención pública que las baterías pese a ser fundamental para garantizar la estabilidad futura del sistema eléctrico español. Fernández reclamó igualmente mayor coordinación entre administraciones y más rapidez en la tramitación autonómica y provincial, asegurando que “necesitamos actividad urgente”.

Limitación de la red

Desde Endesa, Venancio Javier Rodríguez, responsable de regulación para desarrollo de energías renovables, defendió que el almacenamiento debe implantarse en aquellos puntos donde realmente aporte valor al sistema eléctrico y no únicamente donde exista capacidad disponible de acceso y conexión.

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Rodríguez criticó que muchos proyectos se estén desarrollando “a ciegas”, condicionados por las limitaciones actuales de la red, y reclamó una planificación más racional basada en criterios territoriales, de demanda y eficiencia energética. Además, advirtió de que algunos modelos de acceso flexible podrían generar problemas futuros si no se ajustan correctamente los peajes y las condiciones técnicas de conexión.

El representante de Endesa también defendió la necesidad de liberar capacidad actualmente bloqueada en la red para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos de almacenamiento en ubicaciones estratégicas.

Más allá de las diferencias de enfoque, el foro dejó un mensaje común entre todas las compañías participantes: España dispone de tecnología, capital e interés empresarial suficientes para liderar el almacenamiento energético en Europa. Sin embargo, el sector considera imprescindible acelerar el desarrollo regulatorio y reducir la incertidumbre administrativa para evitar que los proyectos sigan acumulando retrasos y las baterías puedan convertirse en una pieza clave del futuro sistema eléctrico español.

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