Seguridad eléctrica, la asignatura pendiente de los edificios en España

Los datos son contundentes: en 2024, 234 personas perdieron la vida en incendios en España, 172 de ellas en viviendas. La causa eléctrica fue responsable de casi el 42% de esos incendios, según el informe anual de la Fundación MAPFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos.

Esta realidad se explica, en gran medida, por el envejecimiento del parque inmobiliario español. Un buen ejemplo son los edificios residenciales: solo el 22,4% de las viviendas en España se han construido conforme al actual Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, según el Observatorio de la Rehabilitación Eléctrica de la Vivienda en España (OREVE). En términos prácticos, casi ocho de cada diez viviendas disponen de instalaciones eléctricas que no responden a los estándares actuales en materia de seguridad. Pero los mismo podría decirse también otro tipo de edificios, como oficinas, hoteles, hospitales, etc.

La electrificación es imprescindible para avanzar en la descarbonización de los edificios, pero debe basarse en instalaciones seguras, capaces de absorber los nuevos usos eléctricos. Elementos como las bombas de calor, los cargadores de vehículo eléctrico, los sistemas de climatización avanzados o las soluciones de automatización aumentan la demanda eléctrica en hogares y edificios. Si los cuadros eléctricos, las protecciones o los conductores no están dimensionados ni protegidos adecuadamente, la probabilidad de sobrecargas, fallos de aislamiento o arcos eléctricos crece de forma exponencial. El uso intensivo de la electricidad en espacios diseñados para otro modelo energético exige una revisión profunda de las protecciones eléctricas.

La seguridad eléctrica como habilitador de la transición energética

Hablar de seguridad eléctrica hoy implica ir más allá del cumplimiento normativo mínimo. Supone adoptar una visión integral de la protección, que combine diseño, mantenimiento y digitalización. Las protecciones tradicionales siguen siendo esenciales, pero ya no son suficientes por sí solas. La detección temprana de fallos, la identificación de sobrecargas o la protección frente a arcos eléctricos se han convertido en elementos clave para evitar incendios y garantizar la continuidad del servicio.

En este punto, la tecnología juega un papel determinante. La sensorización, la monitorización en tiempo real y la integración de datos permiten pasar de un modelo reactivo a uno preventivo, en el que los riesgos se identifican antes de materializarse. En edificios terciarios, hospitales, centros educativos o infraestructuras críticas, esta capacidad de anticipación no solo protege a las personas, sino que reduce interrupciones, costes operativos y daños patrimoniales.

Desde una perspectiva económica, la seguridad eléctrica debe entenderse también como una inversión y no como un coste. Un incendio tiene un impacto que va mucho más allá de la reparación material: pérdida de actividad, deterioro reputacional, aumento de primas de seguros y, en el peor de los casos, consecuencias humanas irreparables. Frente a ello, la modernización de las instalaciones eléctricas aporta retornos claros en términos de resiliencia, eficiencia y valor del activo.

La electrificación del parque inmobiliario español no puede desligarse de la rehabilitación eléctrica. Los fondos destinados a eficiencia energética, autoconsumo o movilidad eléctrica solo alcanzarán su pleno potencial si se apoyan en infraestructuras seguras. De lo contrario, corremos el riesgo de acelerar la transición energética sobre cimientos frágiles.

La seguridad eléctrica, tradicionalmente invisible, debe ocupar un lugar central en el debate sobre electrificación y competitividad. Se trata de un factor estructural que condiciona la sostenibilidad del modelo energético, la protección de las personas y la viabilidad económica de los edificios.

Raúl Escamilla es Business Development Manager Power Systems en Schneider Electric