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El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria ha dado su brazo a torcer ante el presidente de ACS, Florentino Pérez. Prefiere pagar la indemnización por el almacén de Castor antes que enfrentarse en los tribunales. Soria ha asegurado en una entrevista a la Cadena Cope que "hay una financiación del Banco Europeo de Inversión con otros inversores por importe de 1.400 millones y, si fuese aceptada la renuncia que ha pedido ACS, hay que actuar de acuerdo con lo que se establece en el Real decreto de 2008 y que prevé que en el caso de renuncia tiene que haber una indemnización por el valor residual de la inversión".
Soria achaca esta medida al anterior Gobierno y ha recordado que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy declaró la lesividad del Real Decreto y que el Supremo rechazó, por lo que "no hay otra opción que aceptar ese pronunciamiento".
El ministro ha asegurado que a lo largo de estos dos años el Ejecutivo ha reducido la remuneración que se había aprobado hace unos años para este almacenamiento, ha establecido la obligatoriedad de que antes de tener la apertura definitiva hubiese una apertura provisional y posteriormente se ordenó "suspender la actividad cuando empezaron a detectarse movimientos sísmicos".
Cabe recordar que el almacén Castor, sin tener una demanda brutal de construir un nuevo almacén de gas, se presupuesto en su inicio en 600 millones de euros. Finalmente la obra se fue hasta los 1.600 millones.
El grupo ACS, en respuesta a un requerimiento de la **Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) explicó en enero pasado que, en su interpretación, su filial **Escal UGS tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento, durante 25 años, a contar desde el otorgamiento de la concesión, con derecho al cobro del valor neto contable total de la misma.
Solo en el caso de que se acreditara dolo o negligencia el derecho sería al cobro del valor residual, según ACS. En todo caso, la compañía presidida por Florentino Pérez indicaba que en esos momentos, ambos valores "coincidían significativamente". A cierre de 2013, el valor contable de los activos de Escal UGS era de 1.648,7 millones de euros.
El pago de la indemnización podría realizarse a largo plazo. Según cuenta este viernes El Confidencial, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pagaría en 20 años la indemnización de 1.500 millones. Además, esta cantidad iría a parar al bolsillo del consumidor ya que formaría parte de la reforma del gas que prepara el Ejecutivo y está previsto que se abone en la factura de cada hogar.
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