El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha defendido durante la sesión de control del Senado, la decisión del Gobierno de cerrar el almacenamiento subterráneo Castor. Esta infraestructura tenía previsto integrarse en la red básica del sistema gasista, según el el Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, por el que se otorgó a Escal UGS la concesión de explotación para el citado almacenamiento.
Por este motivo, según ha explicado el ministro Soria en el Senado, dado el carácter básico de dicho almacenamiento, ya tenían derecho a una retribución regulada, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente que regula el régimen económico de los almacenamientos subterráneos del sistema gasista, a partir de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del sector de hidrocarburos.
El ministro de Industria ha recordado que el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptaron medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, dio solución a la compleja situación técnica existente en la instalación, especialmente tras la renuncia a la concesión presentada por su titular, garantizando el interés general en relación con la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.
En términos económicos, la situación de hibernación de Castor adoptada mediante el citado Real Decreto-ley 13/2014, tiene beneficios económicos para el sistema gasista, y por tanto para el consumidor, frente al caso de haberse puesto en funcionamiento la instalación como estaba previsto, como consecuencia de las siguientes medidas adoptadas para reducir su retribución fija y la reducción de costes de operación y mantenimiento en situación de hibernación.
En concreto, el ministro Soria ha citado la ampliación del periodo de amortización de la inversión de 20 a 30 años, la reducción del coste financiero de la inversión del 8,76% hasta el 4,267% y la reducción de más de 11 millones de euros al año en los costes de operación y mantenimiento de la instalación hibernada frente a la operación normal del almacenamiento. El ahorro medio para el sistema a partir de 2017, frente al coste previsto de haber entrado en funcionamiento, es de 110,8 millones de euros al año.
Por tanto, las decisiones relativas al proyecto Castor adoptadas por el Gobierno han tenido como objetivo disminuir los costes para el consumidor de una infraestructura ya considerada previamente en el régimen económico del sistema gasista.
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