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El Estatuto para el Consumidor Electrointensivo ha reconocido el problema de la industria básica, pero sus medidas son insuficientes para reducir esa gran diferencia de entre 25 y 35 €/MWh que sufrimos las industrias más electrointensivas, (como puede verse en nuestro Barómetro Energético www.aege.es). Estamos convencidos de que el desarrollo completo del Estatuto con las medidas propuestas por AEGE, que se quedaron en el tintero y no reflejó el BOE, —que son las que disfrutan desde hace tiempo nuestros competidores—, reducirían en gran medida ese diferencial.

Entendemos que se necesita voluntad para hacerlo y para ello sería preciso emular las normativas de Alemania y Francia adaptándolas a nuestra situación. Si en esos países ha sido posible implantar esas medidas con el plácet de la Comisión Europea, aquí debe serlo igualmente.

Somos industria básica, empresas globales que se ven afectadas por una desventaja que lastra enormemente nuestra competitividad en los mercados exteriores, empresas que ahora, además de este efecto estructural, sufrimos también el impacto de la desenfrenada alza de precios en el mercado. Nuestros presupuestos para 2021 se hicieron en base a precios 25 €/MWh menores que lo que ahora estamos viendo con el CO2 a más de 50 €/Tm, y conviviendo con precios eléctricos finales de unos 75 €/MWh, los más caros de los últimos 20 años.

****Nuestra desventaja competitiva se cifra actualmente en una diferencia de costes con el exterior de unos 1.000 millones al año. A la compensación del CO2 indirecto, que esperemos alcance la cuantía máxima permitida, recientemente el Gobierno ha anunciado una ayuda de compensación de cargos de renovables de 91 millones. Haciendo la cuenta, el déficit sigue siendo de 700 millones, lo que reduce enormemente nuestra capacidad para invertir en descarbonización.

Recién aprobada la Ley de Cambio Climático, echamos en falta que no establezca que la descarbonización tiene que hacerse con un precio de la energía competitivo y que no incluya mecanismos que den certeza para apoyar a una industria que depende del factor energético. La transición ecológica tiene que ser una oportunidad para crear más industria, pero las nuestras precisan de un precio eléctrico competitivo. Ahora, con esta ley aprobada y con el precio del CO2 desorbitado, es el momento para que el Gobierno autorice la compensación máxima del CO2 indirecto del ejercicio de 2020, más de 210 millones de euros frente a los 79 aprobados hasta la fecha. La transición energética y ecológica no tendrá éxito si no consiguen disponer de esos fondos.

Pedimos una transición ordenada en la que todo tenga su tiempo y en la que se evite que el precio eléctrico se dispare. España necesita una industria fuerte que ocupe por fin ese 20% del PIB que tanto anhelamos. Solo será posible si aprovechamos la oportunidad de la transición ecológica y optimizamos las inversiones del plan de recuperación. Hay que apostar por la industria, buscando fórmulas para que sea más fuerte y competitiva.

José Antonio Jainaga es presidente de AEGE

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