El Parlamento Europeo celebró este martes un intenso debate, previo a la votación de este miércoles, que se anuncia ajustada, sobre si ciertas inversiones en plantas nucleares y centrales de gas para generar electricidad deben considerarse "sostenibles", como propone la Comisión Europea.
"Envía un mensaje equivocado a los ciudadanos europeos porque etiqueta como verde lo que no lo es", dijo la socialdemócrata italiana Simona Bonafè ante un hemiciclo donde el democristiano alemán Markus Ferber criticó que la decisión se haya basado en "criterios políticos" y no "científicos".
"Energía renovable. Eso sería lo ideal. Pero no podemos conseguirlo inmediatamente y tenemos que permitir que haya nuevas inversiones en nuclear y gas", replicó el liberal francés Gilles Boyer, en línea con la finesa de extrema derecha Laura Huhtasaari, quien dijo que su país no puede arriesgarse a que deje de financiarse la energía atómica.
El pleno se pronunciará el miércoles sobre la llamada taxonomía verde en una votación que se decidirá por mayoría simple (353 escaños) y en la que se espera que las consignas nacionales pesen más que las afiliaciones partidistas de los eurodiputados.
La comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness apeló al "pragmatismo y realismo" de la cámara porque "hay países que van a necesitar el gas en una fase de transición".
"Nuestra taxonomía apunta a las renovables como prioridad (...). Pero también hay que ser realistas: hay que aceptar que vamos a tener que invertir en gas y nuclear en una fase transitoria", dijo.
Futuras inversiones
La taxonomía, que no tiene aplicación práctica inmediata, es un conjunto de clasificaciones que pretenden orientar las futuras inversiones financieras en la transición ecológica, que en este caso afectan a la energía pero que también se irán desplegando en sectores como el forestal, el transporte o la agricultura.
La Eurocámara sólo puede rechazar o aprobar la propuesta de la Comisión, sin introducir enmiendas, y el pleno afronta la decisiva votación después de que las comisiones parlamentarias de Medioambiente y de Economía hayan pedido que se rechace.
La Comisión Europea, que se define como tecnológicamente neutral, postergó años su decisión sobre esas dos fuentes de generación hasta que a inicios de 2022 alumbró un texto cómodo para Francia en cuanto a la energía nuclear y para Alemania en cuanto al gas, que gusta a Finlandia o Rumanía pero que critican Austria, Luxemburgo o España.
El enfoque de la Comisión -aprobado con los votos en contra del español Josep Borrell, la portuguesa Elisa Ferreira y el austríaco Johannes Hahn- había sido criticado también por la plataforma de expertos independientes en finanzas sostenibles que asesora al propio Ejecutivo. Pero Bruselas defiende que su postura es "realista".
El gas libera CO2, pero menos que otros hidrocarburos como el carbón y muchos lo consideran imprescindible para la transición de la UE hacia una economía descarbonizada en 2050. La energía nuclear genera inquietud en materia de seguridad o de gestión de residuos radiactivos, pero apenas emite dióxido de carbono.
Luego queda el Consejo
Además del Parlamento Europeo, también puede rechazar la propuesta el Consejo, que representa a los Estados miembros en la toma de decisiones en la UE.
Antes de la medianoche del 11 de julio tendrían que oponerse el 72% de los países (20 de 27), y que estos representen al menos al 65% de la población de la Unión (unos 290 millones de personas), aunque fuentes europeas indicaron a Efe que no parece que se esté construyendo ese bloque de oposición.
Si Parlamento o Consejo rechazan la propuesta, la Comisión Europea tendrá que retirarla o modificarla.
En cambio, si ninguna de esas dos instituciones se opone, quedará aprobado el "acto delegado" en el que se tratan como "sostenibles" las centrales nucleares con permiso de construcción antes de 2045 y las plantas de gas que emitan menos de 270 gramos de CO2 por kilovatio hora hasta 2031 o menos de 100 gramos en el conjunto de su vida útil.
Algunos países como Luxemburgo o Austria se plantean llevarla a normativa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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