143.000 ciudadanos piden a Anticorrupción que reabra el 'caso de los CTC'

El caso de los CTC, el del presunto perdón de 3.400 millones a las eléctricas, sigue trayendo cola. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético no da su brazo a torcer. Este viernes, representantes de la plataforma como Cote Romero y Jorge Morales de Labra van a entregar a la Fiscalía Anticorrupción, junto a miembros de la plataforma Avaaz.org, una petición para que se reabra la causa e investigación del cobro de más por parte de las eléctricas.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético inició un proceso de petición social en Avaaz.org este enero con el objetivo de reabrir el caso. En pocos días, ha conseguido más de 143.000 firmas de ciudadanos españoles que piden a Anticorrupción que continúe investigando. La fuerza social de 143.000 personas ha hecho que la Plataforma presente el documento ante la Fiscalía.

Pero para intentar presionar aún más a la Fiscalía para que reabra el caso, distintas formaciones políticas van a acompañar a ambas plataformas en la entrega del documento. Políticos como Íñigo Errejón (Podemos), José Manuel Villegas (Ciudadanos), Juantxo López de Uralde (EQUO), Ramón Marcos (UPyD), Joan Coscubiela (Grupo Izquierda Plural), Chuse Inazio Felices (Grupo Izquierda Plural) y Joan Baldoví (Grupo Mixto), acudirán a la Fiscalía para apoyar esta petición.

La nueva demanda que van a entregar a la fiscalía aporta nuevas pruebas. A pesar de que en diciembre la Fiscalía dio carpetazo a la investigación abierta en el verano contra algunos miembros del anterior Gobierno socialista, la organización cree que el caso debería seguir abierto. Ahora, el objetivo es el actual Gobierno del Partido Popular. La demanda se basa en que el caso no prescribió realmente en 2010 como decía la Abogacía del Estado sino que lo hizo en julio de 2014, por lo que el Gobierno actual también es cómplice por este caso.

En la solicitud de reapertura del caso de los CTC, los demandantes aportan la liquidación definitiva de la Comisión Nacional de la Energía del ejercicio de 2006, fechada el 27 de julio de 2010. En este informe, el regulador asegura que hasta ese momento no fue posible realizar la liquidación definitiva de los CTC. Este retraso, de cuatro años, es normal a la hora de realizar las liquidaciones definitivas. Es por ello, que la Audiencia Nacional, haya afirmado en varias sentencias que las únicas liquidaciones de la Comisión Nacional de la Energía que causan efectos reales y que pueden abrir la vía del recurso jurisdiccional son las definitivas.

De esta manera, y haciendo caso al informe de la Abogacía del Estado, que recordaba que solo con la liquidación definitiva de los CTC se podría conocer la cantidad exacta, la Plataforma afirma en su demanda que la propia CNE avisó en un informe posterior a la prescripción de julio de 2010 que se podrían reclamar aquellos importes más allá del período de prescripción que señalaba la Abogacía del Estado.

“El dies a quo para la reclamación de dichos importes habría de considerarse el 27 de julio de 2010 y los cuatro años a los que se refiere por la Ley General Presupuestaria (15.1.a) para la prescripción concluirían el 27 de julio de 2014″, afirma la Plataforma en su solicitud de reapertura.

Por lo que si el caso prescribió en 2014, el actual Gobierno también habría ignorado la petición de devolución de esas cantidades a las eléctricas.

Ahora la pelota se aloja en el tejado de la Fiscalía, quien deberá tomar una decisión al respecto. Tal y como contó este diario, fuentes jurídicas señalan que es complicado que se reabra un caso en la Fiscalía a no ser que se aporten nueva pruebas que evidencien aún más el presunto delito. Pero para eso habrá que esperar a que Anticorrupción se pronuncie.