La vivienda es una necesidad esencial. España se enfrenta al doble desafío de responder a la creciente demanda habitacional y avanzar en sus objetivos de descarbonización. Para lograrlo, es fundamental que los nuevos desarrollos urbanísticos puedan conectarse a la red eléctrica de forma ágil, suficiente, fiable y segura.
Sin embargo, el acceso y conexión a la red eléctrica se ha convertido hoy en uno de los principales desafíos para el desarrollo de nuevas promociones. Esta situación compromete no solo el cumplimiento de los objetivos climáticos, sino también la capacidad del país para dar respuesta a una necesidad social urgente como es la vivienda.
Desde Aelēc y ASPRIMA, se han identificado áreas de mejora que permitirían agilizar y fortalecer el proceso de conexión a red, facilitando así el avance hacia un modelo urbano más sostenible, electrificado y adaptado a las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía.
Una realidad preocupante: 6,7 GW solicitados y no conectados
En 2024, el sector urbanístico solicitó 6,7 GW de acceso a la red eléctrica. Una cifra que evidencia el dinamismo del sector, pero también la saturación de la infraestructura actual: muchos de esos proyectos no han podido ser atendidos ni conectados. El motivo: falta de capacidad en la red de distribución o desistimientos ante la incertidumbre y los costes del proceso.
Esta situación impide avanzar hacia el objetivo de construir al menos 250.000 viviendas al año.
Redes eléctricas: condición indispensable para la vivienda sostenible
Las redes de distribución eléctrica son el eje vertebrador de la transición energética. Son también la infraestructura básica que permitirá contar con edificios de cero emisiones, barrios conectados a sistemas renovables y ciudades más limpias. Por ello, resulta incomprensible que sigan siendo un obstáculo para el desarrollo de nuevo suelo residencial.
Desde aelēc y ASPRIMA se considera necesario avanzar en medidas clave como:
• Mayor flexibilidad en la planificación de la red de transporte, incluyendo revisiones más frecuentes y la posibilidad de ajustes puntuales.
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Mecanismos ágiles para incorporar nuevas posiciones en subestaciones con espacio disponible, sin necesidad de acuerdo del Consejo de Ministros.
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Desarrollo reglamentario para compartir posiciones de conexión y fomentar conexiones de 220 kV, hoy infrautilizadas.
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Publicación de mapas de capacidad (Circular 1/2024) que aportan transparencia sobre el estado de la red y orientan mejor las decisiones de inversión.
Pero no basta: se necesitan medidas adicionales para acelerar el acceso y conexión de los planes urbanísticos
El diagnóstico es claro y compartido. Por eso proponemos avanzar en cuatro líneas de actuación adicionales imprescindibles para resolver el problema de fondo:
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Adecuación del límite de inversión en distribución.
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Financiación del refuerzo de red por el sistema, en lugar de trasladar los costes al promotor. Estas inversiones deben planificarse anticipadamente y reconocerse con agilidad.
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Definición de un modelo retributivo competitivo que permita el desarrollo de nueva red para atender a la demanda. Es necesario un modelo retributivo competitivo que incentive el desarrollo de las redes necesarias para la electrificación y conectar a la nueva demanda que lo está solicitando.
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Identificación de proyectos maduros y estratégicos, especialmente en sectores como el urbanístico, con criterios de interés general.
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Modificación del esquema de hitos administrativos para las solicitudes de acceso y conexión de desarrollos urbanísticos. Se propone una caducidad de los permisos de acceso y conexión en un plazo de cinco años desde su concesión, si en ese plazo no se formaliza el APS, el certificado de energización o la autorización administrativa de explotación del desarrollo1. No obstante, se contemplaría la posibilidad de extender este plazo otros tres años, bajo petición expresa del promotor, antes de finalizar los cinco años, justificando el avance del proyecto.
En lugar de exigir a los titulares de dichos permisos la formalización en el plazo de 5 años de un contrato de acceso y conexión por una potencia contratada en alguno de los periodos de al menos un 50 % de la capacidad de acceso y conexión concedida en el permiso de acceso y conexión.









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