Anpier reclama a los grupos parlamentarios "un esfuerzo de consenso" para aprobar el decreto antiapagones

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha reclamado a todos los grupos parlamentarios del Congreso un "esfuerzo de consenso" para aprobar el decreto para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones como el ocurrido el pasado 28 de abril, ya que dichas cuestiones "afectan de manera directa a las economías domésticas de las familias españolas".

La organización, según ha indicado en un comunicado, alcanza a comprender las dinámicas políticas de enfrentamientos en contextos complejos como el que atraviesa España, pero ha reconocido que "no comparte que dichas tensiones lleguen de manera tan directa y lesiva a los ciudadanos".

El Congreso no convalidó el martes el conocido como 'decreto antiapagones' por los votos en contra de PP, Vox, Podemos, Junts, UPN, Chunta Aragonesista y BNG.

Las medidas del decreto antiapagones

Al respecto, Anpier ha señalado que dicho Real Decreto Ley incluía una batería de medidas "valiosas para el conjunto de los españoles" y, en concreto, una "disposición clave para las 62.000 familias pioneras de la fotovoltaica en España, puesto que resolvía -al menos de forma temporal- una disfunción normativa que penaliza económicamente a dicho colectivo".

"Los productores fotovoltaicos pioneros de nuestro país perciben una retribución por el esfuerzo inversor en fotovoltaica que ahora nos permite tener una tecnología limpia, autóctona e inagotable, y tan barata que ha desplomado los precios de la energía, en beneficio de los hogares españoles, de las empresas y, por lo tanto, del bienestar social y económico", ha explicado la asociación.

En este sentido, Anpier ha argumentado que para recibir dichos ingresos los productores han de probar el "óptimo funcionamiento" de sus plantas con unas horas de producción de energía anuales; sin embargo, una norma posterior considera que, en las horas a precios cero o negativo, "estas plantas no están en funcionamiento, cuando sí lo están, lo que obliga a los productores a devolver sus ingresos por incumplir este compromiso, cuando no lo están incumpliendo".

"Este absurdo y lesivo desajuste regulatorio era el que encontraba solución en el Real Decreto Ley que ahora queda sin efectos", ha destacado la organización.

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha subrayado que "no se puede perder la perspectiva desde el Congreso o el Senado de lo que afecta al ciudadano cada norma que se aprueba o rechaza", al tiempo que ha instado a los grupos parlamentarios "a reparar este desajuste grave para tantas familias en la primera ocasión que sea posible".

Asimismo, Martínez-Aroca también ha solicitado al Gobierno que ponga los medios necesarios para "evitar el desastre económico que una interpretación inadecuada de una norma posterior a la regulación" puede llegar a provocar, "tal y como se justificaba en el propio Real Decreto Ley que ahora ha quedado sin efecto".

Protermosolar

En la misma línea se ha expresado la Asociación Española para la Promoción de la Industria Termosolar (Protermosolar), que igualmente ha lamentado que no se haya convalidado dicho Real Decreto, ya que considera que es una "norma necesaria para reforzar la resiliencia del sistema eléctrico" tras los desafíos vividos el pasado abril.

"Su rechazo retrasa avances clave, como el impulso al almacenamiento y la revisión parcial del marco regulatorio de las tecnologías renovables", ha recalcado la organización, que ha detallado que, en el ámbito termosolar, la derogación de cuestiones como la prioridad de despacho y la reducción del umbral de funcionamiento de las plantas termosolares, "ponen en riesgo la obtención de la rentabilidad razonable garantizada por ley".

El secretario general de Protermosolar, Óscar Balseiro, ha señalado que "este decreto recogía solo una parte de las necesidades urgentes que tiene el sistema eléctrico en España y que venían reclamando desde hace años".

"Ahora, estas medidas se suman a otras pendientes que, de no implementarse en el corto plazo, pondrán en riesgo la continuidad de nuestra tecnología", ha añadido Balseiro, que ha terminado concluyendo que confían en que "se retome pronto el debate y reiteran su disposición a colaborar con las instituciones para definir un marco normativo que reconozca todo el valor presente y futuro de la termosolar en España".