Bélgica ya ha embargado 840 millones a España por los impagos de las renovables

Bélgica ha embargado cerca de 840 millones de euros a España por el impago de los laudos arbitrales derivados del recorte retroactivo de las primas renovables. El dinero incautado afecta a los pagos que recibe mensualmente nuestro país por parte de Eurocontrol, en concepto de gestión de tráfico aéreo.

La cifra, que ha sido dada a conocer durante un encuentro con la prensa en Madrid que ha contado con la presencia del equipo jurídico de los acreedores, refleja la acumulación de distintas órdenes de embargo dictadas para resolver las deudas de casos como Eurus Energy (grupo Toyota), RREEF u Operafund.

Las empresas afectadas por los incumplimientos de España han recurrido a este tipo de medidas extraordinarias ante la negativa del gobierno a cumplir con el pago de los laudos vinculantes que instan a pagar las indemnizaciones pertinentes para resarcir el daño causado con la retirada retroactiva de las primas.

España no quiere pagar

Ante estas medidas de presión, España habría propuesto consignar las cantidades reclamadas en una cuenta de depósito judicial en Bélgica (procedimiento conocido como escrow), pero aún no habría accedido a pagar directamente a los inversores, según dio a conocer el equipo jurídico de los litigantes. El objetivo de la Abogacía del Estado sería lograr el levantamiento de estos embargos y evitar que se sigan acumulando nuevos importes bloqueados.

Con esta maniobra, España pretende reducir el monto bloqueado hasta el entorno de los 250 millones de euros, pero el mero hecho de ofrecerse a realizar esta consignación a cambio de liberar los 840 millones retenidos debilita los argumentos de inmunidad esgrimidos por España, al asumir en la práctica la validez de las medidas de ejecución sobre estos activos.

Además, la decisión de depositar el dinero cuestiona la tesis mantenida por el gobierno español en relación con la normativa europea sobre “ayudas de Estado”, que había sido utilizada como base para justificar la negativa a pagar los laudos.

Historia larga de laudos

España acumula un total de 27 laudos perdidos por los recortes a las renovables y una deuda que supera los 2.310 millones de euros, incluyendo sobrecostes financieros y legales. La ejecución en Bélgica, a través de Eurocontrol, se ha consolidado como uno de los mecanismos más eficaces de los afectados por los impagos, pero no es la única.

Así, recientemente ha trascendido el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht. La propiedad, ubicada en pleno centro de la localidad holandesa, está valorada en 10 millones de euros. Los acreedores procederán próximamente a la subasta pública del edificio como medida compensatoria tras años de incumplimientos por parte del gobierno de España.

Mientras tanto, en Estados Unidos hay ya siete sentencias judiciales sobre las que no cabe recurso y que imponen a España la obligación de pagar indemnizaciones por valor de 688 millones de euros. Ante los incumplimientos reiterados del Estado, los acreedores han iniciado procedimientos de descubrimiento de activos del Estado español que afectan, por ejemplo, a la operativa de la selección española en el Mundial de Fútbol de 2026.

Asimismo, la justicia británica ha ratificado que España es un país deudor y que debe pagar sus deudas si quiere evitar los embargos de bienes y activos que se han venido planteando en las islas. La decisión del Tribunal Supremo es definitiva, de modo que no cabe recurso y a lo largo de 2026 se esperan nuevos avances en Reino Unido por parte de los acreedores.

El Tribunal Supremo de Australia se ha pronunciado en la misma línea, reconociendo cuatro denuncias valoradas en 469 millones de euros. Asimismo, el Tribunal Supremo de Singapur viene de fallar en la misma línea, reconociendo un primer laudo contra España, valorado en más de 100 millones de euros.

Los acreedores reclaman al gobierno español un acuerdo satisfactorio como el que se formalizó con la empresa JGC. Señalan que este es el único camino para restaurar la credibilidad internacional del país ibérico y reforzar la seguridad jurídica para las inversiones internacionales. Advierten asimismo que, en caso de que no se logre una solución, España seguirá sufriendo más derrotas judiciales y nuevos embargos de sus bienes y activos.