El Gobierno brasileño ha programado para el 27 de septiembre próximo la subasta en la que ofrecerá a las empresas privadas la concesión para operar cuatro hidroeléctricas, por cuyas licencias espera recibir un mínimo de 3.566 millones de dólares.
La fecha de la subasta fue establecida en el pliego de peticiones de la licitación, que fue aprobado y publicado este martes por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), el órgano regulador del sector.
Las cuatro plantas son operadas actualmente por la Compañía Energética del estado de Minas Gerais (Cemig), la mayor distribuidora de Brasil, pero el período de las concesiones vence este año y el Gobierno se negó a renovarlo por su necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos.
El valor mínimo esperado por las nuevas concesiones fue definido, en mayo pasado, por el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE).
Las hidroeléctricas que serán ofrecidas en concesión tienen juntas una capacidad instalada para producir 2,9 gigavatios de energía.
Se trata de las hidroeléctricas de Sao Simao, en el límite entre los estados de Goiás y Minas Gerais; Jaguará, entre Minas Gerais y Sao Paulo; y Miranda y Volta Grande, estas dos últimas en jurisdicción de Minas Gerais.
Según las normas establecidas por el CNPE, organismo vinculado al Ministerio de Minas y Energía, la empresa que se adjudique los derechos para operar la hidroeléctrica de Sao Simao tendrá que pagar por la licencia un valor mínimo de 6.740 millones de reales (2.174 millones de dólares).
Por la licencia para operar Jaguará se exigirá un mínimo de 1.900 millones de reales (unos 612,9 millones de dólares), por la de Volta Grande 1.290 millones de reales (416,1 millones de dólares), y por la de Miranda 1.100 millones de reales (354,8 millones de dólares).
De acuerdo con las reglas establecidas por el CNPE, los nuevos operadores serán las empresas que ofrezcan el mayor valor en la subasta, por encima de los mínimos establecidos por el Gobierno, que tendrán que pagar el valor integral por las licencias en el acto de la firma de los contratos.
El Gobierno confía en recibir valores muy superiores a los mínimos establecidos para poder hacer frente a su grave crisis fiscal y evitar que el déficit en las cuentas públicas de este año supere al de 2016, que fue récord.
Desde que asumió el Gobierno hace un año para sustituir a la destituida Dilma Rousseff, el actual presidente de Brasil, Michel Temer, anunció un nuevo impulso a las concesiones y privatizaciones de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuerto, generadoras eléctricas y áreas petroleras.
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