Burocracia, rechazo local y falta de red: nudos que asfixian el despliegue de las renovables en Cataluña

El I Foro Catalán de Energía, organizado este miércoles por El Periódico de la Energía en el auditorio de TBS Education Barcelona, fue escenario de un diagnóstico urgente sobre la situación del sector en la región. Bajo la moderación de Eva López Nebot, coordinadora general de APPA Renovables, la mesa titulada “Las renovables en Catalunya, acelerar o morir en el intento” reunió a expertos que coincidieron en una premisa crítica: la necesidad de una aceleración sin precedentes para no comprometer el futuro económico y energético catalán.

El "reto del 50%" y la lección europea

Jaume Morrón, coordinador de OberCat, subrayó una hoja de ruta ambiciosa y necesaria: pasar del actual 15% al 50% de generación renovable para el año 2030, una meta que considera posible si se adopta la mentalidad de los Países Bajos, país que logró dar ese mismo salto en apenas cinco años (de 2018 a 2023). Para el experto, recuperar la confianza del inversor es el primer paso crítico, demostrando con hechos que Cataluña es un destino seguro y serio para la inversión energética.

Este despliegue se verá favorecido por el nuevo Plan Territorial Sectorial, que elimina las denominadas "comarcas refugio" que bloqueaban sistemáticamente los proyectos, enviando una señal clara de que la transición será equilibrada en todo el territorio. No obstante, Morrón advirtió que la burocracia sigue siendo un lastre y propuso la creación de una figura que coordine a las consellerias para evitar el bloqueo entre departamentos y agilizar informes que hoy tardan más de un año en plantas pequeñas.

Parálisis y rechazo local

Por su parte, Daniel Pérez, director general de L’Energética, aportó una visión crítica sobre el retraso estructural que arrastra la comunidad. Aunque se han producido avances en fotovoltaica, Cataluña sigue a la cola de generación renovable, lastrada por un estancamiento en eólica e hidráulica que dependen casi exclusivamente de instalaciones antiguas. Pérez subrayó que el indicador clave para medir el éxito no debe ser el porcentaje de generación anual, que fluctúa por factores externos como el uso del gas, sino el aumento de la potencia instalada, que es lo que marca el progreso real del sistema.

Uno de los mayores obstáculos señalados es la fuerte oposición territorial que frena el despliegue. Pérez denunció que proyectos con consenso institucional están recibiendo un rechazo local masivo, citando como ejemplo las más de 150 alegaciones presentadas contra diversas instalaciones. A su juicio, esto evidencia fallos profundos en la comunicación y pedagogía con la ciudadanía, un problema que pone en riesgo directo los objetivos globales de transición energética.

Esta parálisis tiene consecuencias tangibles más allá del sector eléctrico. La falta de acceso a la red está bloqueando el desarrollo de industrias, la modernización de hospitales y nuevas infraestructuras clave para la descarbonización, como la nueva línea eléctrica con Valencia, que actualmente se encuentra en riesgo debido a la oposición social.

Viabilidad económica y el factor flexibilidad

El debate también abordó la rentabilidad bajo el modelo actual, donde Norberto Larriba, CEO de Impulso Solar, advirtió que la presión de costes (CAPEX) y la competencia internacional, especialmente de China, dificultan la viabilidad de nuevos proyectos si el mercado no genera incentivos claros. En esta línea, Gorka Martí, de sonnen Iberia, alertó sobre la "canibalización" de precios: la instalación masiva de fotovoltaica sin gestión está hundiendo el valor de la energía a cero en las horas centrales, desincentivando la inversión. La solución, según los ponentes, reside en la flexibilidad y la gestión de la demanda; mecanismos que podrían reducir el precio medio en horas críticas de 76 €/MWh a 36 €/MWh si se implementan normativas que permitan al consumidor adaptarse a la producción y no al revés.

Los ponentes dejaron claro que Cataluña posee el potencial tecnológico y empresarial, pero requiere de una transformación administrativa y social profunda para convertir la transición energética en una realidad antes de que termine la década.