El secretario general de CCOO de Industria de Asturias, Damián Manzano, ha defendido que la minería de carbón autóctono debe tener consideración de "sector estratégico", por lo que ha de haber mecanismos que garanticen su consumo dentro del mix energético propuesto para la transición ecológica.
Durante la presentación del informe "El impacto de la Transición Energética en Asturias", en el que ha estado acompañado por el responsable de Política Sindical, José Luis Montes, y el responsable de Negociación Colectiva, José Manuel Cima, Manzano ha presentado una "descripción, valoración y ponderación de los efectos que un proceso de este calado podría tener en la región".
Para el sindicato, a cuatro días de un debate en el Parlamento asturiano sobre el proceso de descarbonización, es el momento propicio para dar a conocer este informe, que además de describir el escenario actual plantea una serie de propuestas para minimizar las efectos que tendría en el Principado.
Respecto a la situación actual, Manzano ha destacado que el 72% de la energía que se produce en Asturias proviene del carbón, que también supone la quinta parte de la energía generada en España.
Un sector del que dependen cerca de 2.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, una muestra del peso "fundamental" que tiene en la región y que, de producirse el cese de actividad, no tendría sustitución, "con la consiguiente despoblación".
Además, ha resaltado la gran importancia de este mineral en la industria electrointensiva del Principado, especialmente en el caso de las cuatro grandes instalaciones fabriles, que consumen el 55% de la electricidad de la región y el 2% de la energía eléctrica a nivel nacional, y que supone el 22,4% de la tarifa de grandes consumidores en España.
Estas cuatro empresas (ArcelorMittal, Alcoa, Asturiana de Zinc y las cementeras) tienen un peso "relevante" en la economía y el empleo de la región, ha apuntado, ya que afectan a un entorno de 13.000 puestos de trabajo, y cualquier cambio en el sistema podría lastrar su competitividad.
Asimismo, ha hecho hincapié en el papel de la industria manufacturera del Principado, cuyas empresas consumen el 66,8% de la energía de la región, un consumo elevado con respecto al resto de sectores y a la media nacional.
Por todo ello, ha insistido en la necesidad de llevar a cabo un proceso de transición energética "justo y equitativo", en el que se evalúen no sólo las consecuencias tecnológicas y ambientales, sino también sus consecuencias económicas y sociales, valorando su impacto en un sentido "amplio".
Desde CCOO, se considera que las empresas que quieran llevar a cabo el cierre o la reconversión de centros de producción deben presentar una petición autorizada por la administración para que no afecte a la seguridad del suministro, así como un plan de desmantelamiento dotado económicamente para cubrir las actuaciones medioambientales necesarias.
El informe también exige un plan de recolocación y empleo, que asegure el empleo directo en los diferentes centros de la empresa y el indirecto con la subcontratación en otros centros.
En materia de financiación, solicita la creación de un fondo para la transición justa que cuente con tres fuentes: una dotación económica en los Presupuestos Generales del Estado, una aportación de las empresas en reestructuración y una parte de los ingresos de las subastas del comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero.
Por otra parte, el informe señala que ya existen planes de actuación de la minería y el carbón, denunciando que la mayoría de las eléctricas no está realizando las inversiones medioambientales requeridas y que las empresas creadas con este objeto están cerrando y desmantelando sus instalaciones.
Unos incumplimientos que están provocando que las empresas mineras entren en concurso de acreedores y liquidación.
En el apartado de las propuestas, el documento recoge medidas para el sector de la minería del carbón, de la generación termoeléctrica, de la industria electrointensiva, para el conjunto de la industria y para los territorios afectados.
Unas medidas que pasan por la determinación de mecanismos para garantizar el consumo de carbón nacional, creación de entes para la recuperación medioambiental y de una legislación específica para el cierre de cualquier planta o determinación de si se han aplicado las mejoras tecnológicas necesarias.
También defiende la creación de elementos que vinculen el precio de los grandes consumidores a la mayor presencia en el mix energético de las energías renovables, y la equiparación de la industria asturiana a la de otras regiones con medidas que le permitan competir en igualdad de condiciones.
Para el sindicato, España tiene una deuda histórica con Asturias, que debe ser reconocida en este proceso de transición energética, mediante la creación de acciones concretas y vinculadas a la sucesión y transición de una actividad por otra, especialmente en aquellos territorios con presencia directa física de actividades vinculadas a esta transición energética.
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