El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha pedido a la Comisión Europea que analice si las compañías energéticas están obteniendo beneficios extraordinarios por la guerra en Oriente Próximo como paso previo para avanzar con el impuesto que España y otros cinco países reclaman a nivel europeo y destinar su recaudación a aliviar el impacto de la crisis sobre hogares y empresas.
"Queremos que la Comisión haga un análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios en la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas", ha afirmado a su llegada a la reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la UE que se celebra en Dublín (Irlanda), en la que esperan abordar este asunto.
El ministro ha defendido que, después de seis meses de conflicto y ante una inflación que continúa presionada por la crisis energética, es necesario comprobar si las empresas del sector se están beneficiando de la situación para que, en caso afirmativo, contribuyan a asumir parte de sus costes.
"Entendemos que debe haber un reparto justo y esta es claramente una vía que debe explorarse. Y si se entiende que hay beneficios extraordinarios, entonces deberíamos gravarlos para que haya un reparto justo de la carga, como hicimos en España después de que comenzara la guerra en Ucrania", ha señalado.
Las declaraciones de Cuerpo se producen después de que España, Alemania, Italia, Austria, Polonia y Portugal reclamaran a finales de agosto a la presidencia irlandesa del Consejo de la UE discutir en la reunión de este viernes la creación de un impuesto europeo sobre las ganancias adicionales obtenidas por el sector energético como consecuencia de la crisis, cuyos ingresos servirían para contribuir a financiar las medidas de apoyo a consumidores y empresas.
Los beneficios de las energéticas
Una iniciativa que da continuidad a una primera petición remitida en abril al Ejecutivo comunitario por los mismos países, a excepción de Polonia, en la que reclamaron explorar un instrumento de solidaridad temporal a nivel comunitario inspirado en el mecanismo introducido en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, que permitió aplicar una carga temporal a los beneficios extra de las compañías de combustibles fósiles.
El titular de Economía ha insistido en que el debate debe abordarse a escala comunitaria para lograr una "solución europea" que permita repartir de manera "justa" el impacto económico de la guerra, frente al esfuerzo presupuestario que están asumiendo los Estados para contener el encarecimiento de la energía.
"España lo lleva haciendo ya desde el 20 de marzo pasado con un coste presupuestario elevado, pero estamos consiguiendo rebajar la factura para hogares, empresas, industrias y transportistas, y esto, como he dicho, a costa del dinero del contribuyente y creemos que puede haber maneras más justas de distribuir este coste", ha explicado.









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