La Comisión de Industria del Congreso ha aprobado este martes una iniciativa pactada entre En Comú Podem, PSOE y Ciudadanos para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del proyecto de almacenamiento de gas Castor y para estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS, participada por ACS.
La propuesta, que partía de un texto presentado por la confluencia catalana de Podemos, ha sido finalmente transaccionada con socialistas y 'ciudadanos', y ha cosechado el respaldo de ERC, Democracia y Libertad (DL), PNV y Compromís, frente al rechazo de los diputados del PP.
El portavoz de Industria de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha criticado el "escándalo mayúsculo" de este proyecto "fracasado", que se fomentó "más por el interés del promotor que por el interés general" y que ha acabado por convertirse en un "pelotazo financiero" que puede llegar a costar más de 4.000 millones de euros a los ciudadanos.
Por eso, exige una "solución justa" que pase por llevar a cabo las "posibilidades legales existentes" para recuperar las indemnizaciones pagadas a Escal UGS porque "incurrió en dolo", así como por establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa por los movimientos sísmicos, cuantificando además los daños materiales y morales sufridos por los ciudadanos.
Igualmente, se reclama un calendario de desmantelamiento de las instalaciones de Castor una vez se conozca el informe técnico encargado al MIT sobre el estado de las instalaciones y nuevas medidas legislativas para que casos de este tipo no puedan repetirse en el futuro, dando "mayor protagonismo" a la Oficina Nacional de Evaluación de modo que pueda controlar ex ante las licitaciones y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos.
En el texto que finalmente ha sido aprobado también se ha incluido la petición de promover un Pacto de Estado de la Energía para que esta política tenga estabilidad en el tiempo y que permita facilitar el tránsito hacia un modelo basado en las renovables, la eficiencia y la gestión inteligente de la demanda.
Unos objetivos que comparte el PSOE, cuyo diputado Erick Campos ha recordado que la posición de su grupo es de "cierre y desmantelamiento de la infraestructura", y ha criticado que el PP coincida con estas reclamaciones en Valencia y luego vote en contra en Madrid.
Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, cree que antes de tomar cualquier medida sobre el desmantelamiento de Castor o sobre el recurso a los tribunales hace falta contar con informes técnicos y jurídicos, lo mismo que debe conocerse la documentación que ha llevado al Gobierno a pagar la indemnización a Escal UGS "sin transparencia".
El portavoz de Industria de ERC, Jordi Salvador, ha ido más allá al avanzar que solicitarán la creación de una comisión de investigación para aclarar las responsabilidades políticas, económicas, medioambientales e incluso penales "si las hubiera" respecto de este "escándalo", ocurrido "tanto en periodo socialista como 'popular'", según ha recordado.
El diputado Jordi Xuclá, de Democracia y Libertad, ha hecho hincapié en que este "escándalo" ha sido posible por una "decisión política" que permitió que el contrato incluyera unas "cláusulas abusivas" en beneficio de la empresa.
Por Compromís, Marta Sorlí ha denunciado que "Castor ha sido una fábrica de billetes para Florentino (Pérez) y para los bancos" y se ha congratulado de que "ahora sí" exista la posibilidad de "hacer bien las cosas: desmantelar la planta, exigir responsabilidades a la empresa y recuperar parte de ese dinero, que tanta falta hace".
Finalmente, el portavoz de Energía del PP, Gabriel Mariscal, ha criticado que esta propuesta es "insuficiente" porque lo que solicita ya está incluido en un decreto aprobado en 2014, tanto en lo que respecta a la no extinción de las responsabilidades de Escal UGS en la próxima década como en relación con la hibernación y seguridad de las instalaciones.
Además, ha recordado que ya se han pedido informes al MIT y a Enagás sobre lo sucedido y, durante la pasada legislatura, se han aprobado otros cambios legislativos para exigir declaración de impacto ambiental sísmico para este tipo de proyectos en el futuro. Con respecto al pago de la indemnización, el diputado ha recordado que el Gobierno estaba obligado a pagar y que ha minimizado el coste financiero y ha ampliado el plazo de amortización para reducir la cifra final.
Por último, Mariscal ha recordado que el "dañino" decreto que incluía el "alucinante" artículo que permitía a la empresa recuperar el valor residual de la inversión incluso si abandonaba el proyecto en cualquier momento lleva la firma de un "socialista" y que el Ejecutivo del PP trató de revertirlo pero el Tribunal Supremo (TS) no se lo permitió.
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