Eléctricas

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aplaza el dictamen sobre la continuidad de Almaraz

El organismo debe pronunciarse sobre las condiciones de seguridad que debería cumplir la planta para prolongar su funcionamiento hasta junio de 2030, tal y como han solicitado Iberdrola, Endesa y Naturgy

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El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aplazado el debate y la votación del dictamen para que la central nuclear de Almaraz (Cáceres) pueda prolongar su explotación hasta 2030, frente al calendario actual, que prevé la desconexión escalonada de sus dos reactores en 2027 y 2028.

Según confirman fuentes del CSN, el tema figuraba en el orden del día del pleno celebrado este lunes, aunque se ha pospuesto hasta una próxima reunión a petición de uno de sus miembros.

La convocatoria del pleno, que, de forma habitual, tiene lugar los miércoles, se ha adelantado esta semana por razones de agenda del presidente del citado organismo regulador, Juan Carlos Lentijo.

En cualquier caso, la previsión sigue siendo que el informe se estudie las próximas semanas.

El CSN, organismo encargado de velar por la seguridad de las centrales nucleares y otras instalaciones atómicas en España, debe pronunciarse sobre las condiciones de seguridad que debería cumplir la planta para prolongar su funcionamiento hasta junio de 2030, tal y como han solicitado sus accionistas: Iberdrola, Endesa y Naturgy.

Las tres compañías, que comparten accionariado en la planta extremeña, presentaron al Gobierno la petición formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central.

El futuro de Almaraz

El Ejecutivo remitió posteriormente la solicitud al CSN, como responsable de analizar las exigencias de seguridad nuclear que debe cumplir la instalación para poder prolongar su funcionamiento.

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Con este aplazamiento, el futuro inmediato de la central de Almaraz queda pendiente de una nueva reunión del CSN, que podría retomar el informe técnico en el pleno de las próximas semanas, antes de que concluya julio.

Posteriormente, la decisión pasará al Gobierno, que cuenta con un plazo de unos dos meses para conceder o denegar la ampliación de vida útil.

Si para entonces no se hubiera autorizado la continuidad de la central, las empresas propietarias deberán solicitar formalmente el cierre de la central.

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