La probabilidad de que se produzca una «carrera hacia la clausura» en el Mar del Norte sigue siendo limitada debido a una serie de obstáculos que están ralentizando el cierre generalizado de los activos en alta mar, informa Wood Mackenzie.
Aunque el impuesto sobre los beneficios de la energía (EPL) del Gobierno británico ha acelerado el desmantelamiento de varios activos, el último análisis de la empresa indica que una miríada de complejidades técnicas, logísticas, jurídicas, normativas, comerciales y financieras probablemente provocarán un retraso continuado del desmantelamiento en el UKCS.
En el sector del desmantelamiento hay cada vez más pruebas de las limitaciones de la cadena de suministro y del aumento de los costes en una industria que, según Wood Mackenzie, tendrá un valor de 58.000 millones de dólares (41.000 millones de libras) (en términos reales) hasta principios de la década de 2060.
En la actualidad, hay 242 yacimientos marinos en producción en el Mar del Norte británico y 255 que han cesado su producción, 76 de los cuales han sido desmantelados. Wood Mackenzie estima que los costes brutos de desmantelamiento eclipsarán los gastos de desarrollo de aquí a 2032 y alcanzarán un máximo de más de 3.500 millones de dólares anuales a mediados de la década de 2030.
Limitaciones de la cadena de suministro
A pesar de la madurez del sector y del cambio en términos fiscales, no hay pruebas de una tendencia generalizada al cese anticipado de la producción. En cambio, las persistentes limitaciones de la cadena de suministro, el aumento de los costes y la postura del regulador sugieren un enfoque prudente y mesurado.
James Reid, analista de investigación de Wood Mackenzie, afirma: "Desde que se introdujo el gravamen sobre los beneficios de la energía (EPL) en 2022, varios operadores del Reino Unido han anunciado su intención de acelerar el COP de sus activos, declarando que ya no es viable seguir invirtiendo".
El informe añade que el desmantelamiento acelerado puede poner a prueba la capacidad de las empresas más pequeñas para cumplir con sus obligaciones de cierre de activos, aumentando el riesgo de impagos. En el peor de los casos, cuando una empresa incumple sus obligaciones y no hay otras partes que se hagan cargo de la factura, la responsabilidad recaería en el contribuyente británico.
Según Reid: "El crecimiento de los pequeños operadores ha sido clave para rejuvenecer los activos antiguos, pero el desmantelamiento, y su posible aceleración, presenta riesgos cada vez mayores para los socios de las empresas conjuntas y el gobierno británico, lo que da a las empresas más motivos para seguir dando patadas a la lata del desmantelamiento".
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