El fondo que va contra España por el impago de las renovables amenaza a la Selección Española en sus partidos del Mundial en EEUU

Los acreedores internacionales del Reino de España han ampliado significativamente su estrategia de cobro en Estados Unidos mediante el registro de una de las siete sentencias federal contra España en múltiples distritos judiciales del país.

La actuación adquiere una dimensión especialmente relevante, al coincidir los lugares en que se ha practicado el registro con las sedes del Mundial de Fútbol de 2026 donde podría disputar sus partidos España en caso de superar la fase de grupos.

La documentación judicial muestra que la deuda está ya registrada y por tanto es exigible ante los tribunales federales de Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Florida, Illinois, Tennessee, Texas y California, entre otros territorios de la Unión, que acoge este Mundial de la mano de Canadá y México.

La expansión de estos registros fue autorizada por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia mediante una orden emitida el 10 de abril de 2026, que permitió a los acreedores inscribir la sentencia en cualquier distrito federal de Estados Unidos al apreciar causa suficiente para ello.

Este procedimiento constituye un paso fundamental para facilitar futuras actuaciones de investigación patrimonial, localización de bienes y eventuales procedimientos de embargo de bienes o bloqueo de pagos dentro de las jurisdicciones correspondientes.

Ruido

Pero la Selección Española de Fútbol puede estar tranquila. Según fuentes del Gobierno, el registro de laudos de renovables en manos de Blasket en varios distritos de EEUU donde se celebrarán partidos del Mundial de Fútbol 2026 es únicamente formal; cualquier intento de embargo de bienes españoles en EEUU requerirá un procedimiento en el que España podrá defender sus intereses.

En este sentido, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que "la actuación del fondo de litigación únicamente pretende generar ruido mediático para España, al igual que en otras ocasiones".

"En todo caso, la Federación Española de Fútbol es una entidad privada independiente del Estado y la operativa de la Selección española de fútbol debería ser ajena a cualquier actuación de Blasket", afirman.

Por si fuese poco, el Gobierno de España ha presentado el 8 de junio un escrito ante el Tribunal Supremo de EEUU solicitando que declare que los tribunales del país no tienen jurisdicción –dentro de la petición de certiorari– y, por lo tanto, los laudos no pueden ser ejecutados.

"El Gobierno sigue defendiendo los intereses nacionales en los tribunales con notable éxito. Ha conseguido que las cantidades reconocidas en los laudos se hayan reducido más de un 80% respecto a lo reclamado, está rechazando los pagos y adoptando las medidas adecuadas para minimizar el impacto de las políticas claramente lesivas del anterior Ejecutivo", aseguran.

Demasiada presión

El movimiento refleja la creciente presión judicial derivada de los procesos iniciados tras la retirada retroactiva de los incentivos a las energías renovables. España acumula 27 laudos internacionales vinculantes pendientes de pago y continúa enfrentándose a procedimientos de reconocimiento y ejecución en EEUU, pero también en Bélgica, Holanda, Australia, Reino Unido o Singapur.

“Los acreedores están utilizando todas las herramientas legales a su alcance para hacer cumplir resoluciones judiciales firmes”, señalan fuentes próximas a los procedimientos, que están siendo gestionados por Blasket Renewable Investments y representados por King & Spalding. “La expansión de los registros en Estados Unidos demuestra que la fase de ejecución continúa avanzando y que las consecuencias del impago siguen extendiéndose internacionalmente”.

España debe 2.316 millones de euros a las empresas afectadas por los recortes retroactivos de las primas renovables. De esta cifra, 552 millones se corresponden con los sobrecostes financieros y legales derivados de los impagos. En las últimas semanas, además de las acciones desarrolladas en EEUU, ha trascendido que los acreedores han logrado bloqueo de 250 millones de euros por parte de la justicia belga y el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Holanda.