Ningún comentario El Gobierno prepara un real decreto que obligará a comercializadoras y grandes consumidores de gas a incorporar cuotas mínimas de biometano en el suministro energético a partir de 2028, con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, acelerar la descarbonización y reforzar la seguridad energética del país. La norma fija una senda progresiva que comenzará con un 0,5% de biometano en 2028 y alcanzará el 6% en 2035.
El proyecto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, responde tanto a los objetivos climáticos europeos como a la necesidad de reducir la exposición de España a las crisis energéticas internacionales. El texto vincula directamente esta iniciativa con las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania y del reciente conflicto en Oriente Medio, que dispararon los precios internacionales del gas y evidenciaron la vulnerabilidad europea frente a las importaciones energéticas.
Acreditación
La futura regulación obligará a los comercializadores de gas y a los consumidores directos en mercado a acreditar que una parte del gas natural suministrado o consumido procede de biometano certificado. El porcentaje crecerá de manera gradual: 0,5% en 2028, 1,1% en 2029, 1,8% en 2030 y hasta el 6% en 2035. Quedarán excluidos del cálculo los consumos destinados a centrales de ciclo combinado, cogeneración, transporte y determinados territorios insulares no conectados a la red gasista.
El Ejecutivo sostiene que esta medida permitirá sustituir progresivamente el gas fósil importado por un combustible renovable de producción nacional obtenido a partir de residuos orgánicos. Según la memoria de impacto normativo, el sistema favorecerá la atracción de inversiones, la creación de empleo en zonas rurales y la valorización de residuos, además de contribuir a reducir emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la balanza comercial energética.
El Gobierno reconoce, no obstante, que la implantación de estas cuotas tendrá un impacto económico sobre los sectores consumidores de gas natural debido a la diferencia de precio entre el biometano y el gas fósil. Aun así, la memoria concluye que la norma tendrá efectos positivos sobre la competencia y un impacto favorable en términos climáticos y medioambientales.
El proyecto se enmarca en la estrategia europea REPowerEU, diseñada para reducir la dependencia energética de Rusia y acelerar el despliegue de energías renovables. La nueva norma también responde al mandato incluido en el Real Decreto-ley 7/2026, del 20 de marzo, aprobado tras la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio, que obligaba al Gobierno a fijar objetivos anuales de penetración de biometano.
Facilitación de conexiones
La nueva regulación llega en un momento de fuerte crecimiento del sector. Según el texto del proyecto, España ha pasado de contar con una única planta de biometano operativa en 2021 a tener 23 instalaciones a comienzos de 2026, de las cuales 21 ya inyectan gas renovable en la red gasista.
Pese a ese avance, el Ejecutivo considera insuficiente el ritmo actual para alcanzar los objetivos energéticos nacionales. En 2024, la producción conjunta de biogás y biometano alcanzó 6,93 TWh, mientras que el biometano inyectado en la red apenas representó el 0,1% de la demanda total de gas. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima eleva ahora la meta hasta al menos 20 TWh de producción anual de biogás en 2030.
Además de establecer cuotas obligatorias, el decreto modifica la regulación del sistema gasista para facilitar la conexión de nuevas plantas de biometano y maximizar el uso de las infraestructuras existentes. Entre otras medidas, reconoce los equipos de flujo inverso como parte de las instalaciones de transporte y distribución y clarifica la titularidad de las conexiones necesarias para inyectar gases renovables en la red.
El texto también prevé la creación de un sello de excelencia social, territorial y ambiental para las nuevas plantas de biometano. Este distintivo valorará criterios como la contribución a la economía circular, la generación de empleo local, la cohesión territorial y la integración ambiental de los proyectos.
El incumplimiento de las cuotas mínimas de biometano será considerado una infracción muy grave conforme a la Ley del Sector de Hidrocarburos. La supervisión y control recaerán en la Dirección General de Política Energética y Minas, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya ha participado en la tramitación del texto.
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