El Gobierno planea un cambio en las etiquetas de la DGT, ¿cómo afecta?

En 2016, la DGT decidió implantar el etiquetado de los vehículos en función de las emisiones contaminantes. Desde entonces, raro es que no veamos un coche bien con el sello B (amarillo), el C (verde), el ECO o el CERO. Sin embargo, desde la irrupción masiva de los modelos electrificados, la polémica ha perseguido a este tipo de clasificación, poniendo el foco tanto en los híbridos enchufables como en los microhíbridos, ambos valedores tanto de la CERO como de la ECO que les sirven para equipararse tanto a los eléctricos como a los híbridos autorrecargables que son significativamente más eficientes ya que consiguen emitir menos emisiones.

Es ahí donde, tras años de elucubraciones, la DGT va a poner el foco para cambiar ese sistema de etiquetado que, eso sí y como es lógico, no tendrá un carácter retroactivo sino que será implantado para vehículos de nuevo cuño. Al menos eso es lo que se pretende conseguir a través de una enmienda transaccional de Sumar, ERC, Bildu y BNG que se ha incluido en la Ley de Movilidad Sostenible en la que se ha añadido una disposición al texto legislativo para que en el plazo de doce meses el Gobierno presente un informe con la revisión de estas etiquetas.

Solventar las deficiencias

En este sentido, el Gobierno realizará un estudio con el que revisará las etiquetas medioambientales de la DGT en función de las emisiones de dióxido de carbono que tengan. Para ello se tendrá en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos con el objetivo de “solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes”. Porque una de las principales críticas es que los híbridos enchufables son tratados como eléctricos cuando en realidad sí tienen un tubo de escape o lo que es más preocupante, que muchos usuarios no vuelven a emplear el entramado eléctrico por falta de puntos de carga o simplemente porque buscaban la etiqueta siendo, en este caso, no solo más contaminantes incluso que los híbridos normales, sino deteriorando incluso el sistema eléctrico.

Algo similar ocurre con los híbridos ligeros (también conocidos como microhíbridos, MHEV o Mild Hybrid), en lo que solo por el hecho de incorporar una batería adicional ya se les coloca en la misma categoría que los híbridos autorrecargables (HEV). Cierto es que emiten menos que los gasolina sin hibridar pero en comparación con los HEV, las emisiones de CO2 pueden ser hasta un 10% superiores.

Cómo se estructuran actualmente las etiquetas

Por hacer un breve repaso al etiquetado actual, en la actualidad existen cinco categorías:

·         Sin etiqueta: son los más contaminantes y se establece que no llevan distintivo aquellos gasolina anteriores a diciembre del año 2000 y los diésel previos al 2006.

·         Etiqueta B: Corresponde con los turismos y furgonetas de gasolina a partir de enero de 2001, las diésel a partir de 2006 y los vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías, a partir de 2006.

·         Etiqueta C: la lucen los turismos y furgonetas de gasolina matriculados a partir de 2006, los diésel a partir de 2015 y los vehículos de más de 8 plazas y transporte de mercancías desde 2014.

·         Etiqueta ECO: dentro de esta categoría se engloban los vehículos híbridos enchufables con autonomía de menos de 40 km, los híbridos no enchufables (HEV) e híbridos ligeros (MHEV), así como los impulsados por gas natural (GNC) y gas licuado del petróleo (GLP).

·         Etiqueta CERO: este distintivo es el más eficiente y corresponde con los coches eléctricos, los eléctricos de autonomía extendida (REEV), los híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros y los de pila de combustible.

El estudio se realizará en el marco de un grupo de trabajo interministerial del que formen parte el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Ministerio de Industria y Turismo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, al tiempo que incluirá una consulta a las comunidades autónomas.