La exploración petrolera en las aguas del Atlántico sur que rodean a las Islas Malvinas ha sido por décadas un asunto clave en la disputa entre Argentina y Reino Unido por la soberanía del archipiélago, una controversia reavivada por un proyecto británico e israelí para comenzar a extraer crudo en 2028.
El proyecto de explotación 'offshore' (en el mar) de la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper, denominado Sea Lion, fue autorizado por el gobierno local de Malvinas, un territorio bajo ocupación británica desde 1833 y cuya soberanía reclama desde entonces Argentina.
Mientras Navitas y Rockhopper avanzan con paso firme en su proyecto petrolero, este martes abogados ambientalistas y excombatientes de la guerra de 1982 por las Malvinas presentaron una demanda contra esa iniciativa en un tribunal de la provincia argentina de Tierra del Fuego, que considera las islas parte de su territorio.
Situadas a 13.000 kilómetros de Londres y a 464 kilómetros de Argentina continental, las Malvinas viven del ganado ovino, la pesca, el turismo y la actividad económica relacionada con la enorme base militar británica en ese punto del Atlántico sur, estratégico para acceder a la Antártida y al Pacífico.
En 1975, Reino Unido confirmó estudios geológicos sobre el potencial petrolero en Malvinas y Argentina comunicó que no reconocería la exploración y la eventual explotación de hidrocarburos en el archipiélago por parte de un "gobierno extranjero".
"Malvinas tiene importancia como reservorio petrolero. De hecho, el informe de 1975 sobre la presencia de crudo en las islas abortó definitivamente las negociaciones bilaterales que se estaban desarrollando en ese momento", dijo a EFE Bruno Tondini, profesor de Derecho Internacional y experto en asuntos relativos a Malvinas.
Licencias y sanciones en Malvinas
El Ejecutivo isleño otorgó en 1996 las primeras licencias de exploración, con el rechazo de Argentina, que siempre ha alegado que los permisos que se conceden sobre recursos de su propiedad implican una "acción unilateral" contraria a las resoluciones de Naciones Unidas respecto a la disputa de soberanía.
Rockhopper anunció en 2010 el hallazgo de crudo en el yacimiento Sea Lion, a unos 220 kilómetros al norte de Malvinas, alimentando el "sueño" de los locales -unos 3.500 habitantes de origen británico- de convertirse en un enclave hidrocarburífero y vivir de la renta petrolera.
En 2013 Argentina inhabilitó por 20 años a Rockhopper para operar en el país suramericano por desarrollar actividades en la plataforma continental argentina sin autorización.
Idéntica sanción aplicó en 2022 a Navitas, que dos años antes se había unido a Sea Lion, el proyecto con inversiones previstas de casi 4.000 millones de dólares para sus dos fases de desarrollo y con una vida productiva de 30 años.
A finales de 2025, Navitas y Rockhopper anunciaron su decisión final de inversión en Sea Lion y fijaron como objetivo extraer el primer barril en 2028, lo que llevó a Argentina a expresar de nuevo su "enérgico" rechazo a la iniciativa.
El malestar argentino tuvo rebote en Israel, país que el Gobierno de Javier Milei considera, junto con Estados Unidos, uno de sus principales aliados en materia de política exterior.
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