La nueva Cataluña ha echado a andar con Carles Puigdemont como presidente. Y su nuevo Gobierno tendrá una prioridad en materia social. Dicha prioridad no es otra que rescatar la ley de la lucha contra la pobreza energética. Será el tercer intento por sacar una normativa de esta índole tras encontrar la oposición del Gobierno en las dos anteriores. Es por ello, que la nueva ley contra la pobreza energética de Cataluña será el primer pulso entre la administración Puigdemont y La Moncloa.
La llegada de Puigdemont a la presidencia de la Generalitat no ha sido casual. La CUP aceptó su nombre, pero siempre y cuando el nuevo gobierno autonómico dé por finalizada la etapa de recortes sociales. Es por ello, que la formación 'anticapitalista' ha dado el respaldo a Puigdemont a cambio de recuperar la ley de lucha contra la pobreza energética, aportar más recursos a la ley de la dependencia y una gran aportación a comedores sociales para que ninguna familia pase hambre.
Ahora el nuevo Gobierno catalán tendrá que hilar muy fino si no quiere encontrar la oposición del Ejecutivo central. El PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, lo tiene claro y va a torpedear cualquier intento del Govern catalán de ganar cualquier tipo de competencia, y la regulación en materia energética es una de ellas. Hasta ahora, Moncloa ha acabado recurriendo al Tribunal Constitucional la ley procedente de Cataluña en cuanto a lucha contra la pobreza energética se refiere. Y de momento, la jugada le ha salido bien al PP.
El recurso
El primero de los recursos fue en septiembre de 2014. El Gobierno acordaba interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 6/2013, de 23 de diciembre, por el que se modifica la Ley del Código de Consumo de Cataluña.
La modificación de la norma catalana consistía en dar un trato de favor a los consumidores energéticos en situación de pobreza energética. La medida establecía la imposibilidad de que las eléctricas suspendieran el suministro de energía eléctrica y de gas a las personas con mayor vulnerabilidad económica durante los meses de noviembre a marzo. Eso sí, obligaba a estos consumidores a devolver a las compañías la deuda pendiente de esos meses entre abril y octubre siguientes.
Según el Gobierno, el citado Decreto Ley va contra la normativa básica estatal y tiene impacto en el resto de consumidores de electricidad de otras Comunidades Autónomas.
El Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, recurrió entre otras cosas porque la norma introduce la definición de personas en situación de vulnerabilidad económica, algo que compete únicamente al Gobierno. “La Ley estatal del Sector Eléctrico determina que serán considerados consumidores vulnerables aquellos que cumplan con las características sociales que se determinen reglamentariamente por el Gobierno, y el bono social, en concreto, será de aplicación a quienes se determine por Real Decreto del Consejo de Ministros, según un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar”, explicaba el Gobierno en su justificación del recurso.
Además, el Gobierno insistió que los requisitos para tener derecho a la percepción del bono social establecidos a nivel nacional difieren de los que recoge el Decreto de Cataluña, lo que supone una discriminación de los consumidores del resto del territorio español.
**Nueva ley **
El Constitucional dio la razón al Gobierno y a finales del año pasado decidió paralizar la normativa hasta que se pronuncie al respecto. En Cataluña se vio este recurso como un ataque frontal contra los catalanes por parte de Madrid. Cataluña es una de las regiones que más se ha visto castigada por la pobreza energética. Cientos de miles de catalanes la sufren, por eso no se entendía que se recurriera una normativa que ayudaba a un amplio número de ciudadanos.
Ante el recurso, y antes de conocerse la decisión del TC, el Govern de Artur Mas decidió tirar hacia delante con la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. En dicha normativa el Govern catalán acorralaba a las compañías eléctricas ya que les obligaba de alguna manera a negociar con los clientes y a asumir la deuda contraída por esos consumidores vulnerables.
Ahora, la CUP exige al nuevo Govern que saque adelante una normativa que acabe de una vez por todas con la pobreza energética. Y lo quiere hacer cuanto antes. Habrá que ver cómo se articula, si no quiere encontrarse con un nuevo recurso. Además, el TC está cerca de pronunciarse sobre la normativa y podría dar pistas sobre cómo no regular al respecto.
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