El salto de Colombia a la electricidad

La adopción acelerada de vehículos eléctricos de batería (BEV, por sus siglas en inglés) en Colombia podría generar un ahorro acumulado de alrededor de US$40.000 millones en importaciones de combustibles fósiles de aquí a 2050, además de reducir los costos de salud asociados a la contaminación y evitar daños económicos relacionados con el cambio climático. Carbon Tracker concluye que, en un escenario de tendencia actual, los costos acumulados de importación de combustibles para el transporte por carretera podrían alcanzar los US$226.000 millones en 2050.

Colombia cuenta con varias ventajas estructurales que podrían favorecer una transición más rápida hacia la movilidad eléctrica. El informe destaca una tasa de motorización relativamente baja, un sistema eléctrico en el que, desde 2000, la hidroelectricidad ha representado en promedio el 72% de la oferta, y una exposición limitada a la fabricación nacional tradicional de vehículos con motor de combustión interna. También concluye que la electricidad sigue siendo más barata que la gasolina o el diésel para el transporte por carretera.

Hallazgos principales

En su escenario de transición acelerada a los BEV para Colombia, Carbon Tracker concluye que, de aquí a 2050, el país podría:

• evitar el consumo de  600 millones de barriles equivalentes de petróleo en combustibles fósiles
• ahorrar alrededor de  US$40.000 millones  en costos acumulados de importación de combustibles
• genere  US$40 millones  en ahorros acumulados en salud gracias a la reducción de las emisiones de PM2.5 y Nox
• evitar entre US$2.300 millones y casi US$35.000 millones en daños económicos relacionados con el cambio climático, según la tasa de descuento aplicada. En el escenario central, con una tasa de descuento del 5% , los beneficios acumulados del costo social del carbono superan los US$8.500 millones.

El informe también concluye que cada nuevo vehículo con motor de combustión interna (ICE, por sus siglas en inglés) que se vende genera costos económicos a largo plazo. Carbon Tracker estima ese costo a lo largo de su vida útil en US$5.800 por automóvil de pasajeros, US$119.600 por vehículo de carga mediana, US$278.000 por vehículo pesado y US$349.600 por autobús.

De forma acumulada, una transición acelerada a los BEV en Colombia permitiría ahorrar US$40.000 millones en importaciones de combustibles fósiles de aquí a 2050.

Lo que muestran los datos

El informe presenta la dependencia continuada de los vehículos ICE como un pasivo económico de largo plazo. El transporte representó el 75% del consumo de petróleo de Colombia en 2023, y más del 25% de esos combustibles fueron importados. A medida que aumenta la motorización y la capacidad de refinación sigue siendo limitada, Carbon Tracker concluye que las importaciones podrían representar el 59% del suministro de gasolina y el 22% del suministro de diésel en 2040. En el escenario de tendencia actual, los costos anuales de importación podrían superar los US$10.000 millones, hasta alcanzar los US$226.000 millones de forma acumulada en 2050.

El informe también sostiene que el actual sistema dependiente de los ICE supone una carga para las finanzas públicas. Estima subsidios a los combustibles fósiles de alrededor de US$6.800 millones en 2025, frente a US$6.300 millones en ingresos públicos procedentes de la venta de combustibles fósiles, lo que implica un déficit fiscal neto de US$500 millones.

La baja tasa de motorización de Colombia significa que todavía tiene margen para electrificar una flota en expansión antes de que se consolide una mayor dependencia de los ICE. El informe sitúa la propiedad de automóviles de pasajeros en alrededor de 72 vehículos por cada 1.000 habitantes, frente a más de 200 en Brasil, México y Chile.

Al mismo tiempo, el informe identifica una brecha en materia de política pública. Colombia ya cuenta con algunos incentivos para los BEV, entre ellos una tasa anual del impuesto vehicular del 1% para los vehículos eléctricos, frente al 1,5%-3,5% para los vehículos ICE, y una reducción del 10% en los costos de la revisión técnico-mecánica. Sin embargo, todavía no cuenta con una regulación vinculante del lado de la oferta para reducir progresivamente las ventas de vehículos ICE.

Recomendaciones

El informe insta al gobierno colombiano a adoptar una estrategia más coordinada para los BEV, con el fin de aprovechar los beneficios económicos, fiscales y de salud pública de una electrificación más rápida. Recomendación tres prioridades generales de política pública:

• una regulación sólida del lado de la oferta, incluidos obligatorios para vehículos de cero emisiones, prohibiciones a la importación de vehículos ICE o normas progresivas de eficiencia de combustible
• una reforma fiscal coordinada que penalice la contaminación y premie la eficiencia
• un despliegue focalizado de infraestructura de recarga, incluidos corredores de carga y patios de recarga para el transporte público.

El informe también sostiene que el avance dependerá de la coordinación entre los ministerios competentes, incluidos transporte, energía, medio ambiente, hacienda e industria.