Desde que Rusia invadiera Ucrania, el panorama energético en la Unión Europea ha cambiado de forma radical. Tras años sin plantearse los potenciales problemas derivados de la enorme dependencia energética del viejo continente, las complicaciones con el suministro de gas han ocasionado que la Unión Europea se replantee su estrategia de seguridad energética.
De hecho, el pasado mes de marzo la Comisión Europea publicó un documento con las líneas principales de un plan para independizar a Europa de los combustibles fósiles de origen urso (principalmente el gas) para antes de 2030.
Las recetas tampoco es que sean mágicas: mayor importación de gas natural licuado (principalmente de Estados Unidos), mayor producción de gases renovables y, como no podría ser de otra manera, la aceleración de la construcción de proyectos de energías renovables, incluido el hidrógeno verde. Este último punto equivale a, según los objetivos del plan REPowerEU, alcanzar los 480 GW de potencia eólica instalada en 2030, partiendo de los 190 GW actuales.
Cuellos de botella en tramitación y cadena de suministro
Uno de los principales cuellos de botella a los que se enfrenta la industria para poder hacer esos objetivos realidad es la tramitación de permisos. Un problema que estamos viviendo en España en nuestras propias carnes, pero que es una tónica general en Europa. La administración no es capaz de gestionar el volumen actual de tramitaciones, lo que lleva a que los proyectos de retrasen más de lo deseado. Desde Europa, las directivas dicen que el objetivo es poder tramitar una instalación nueva en 2 años y una instalación repotenciada en 1.
Pero la burocracia no es el único reto al que se enfrenta el sector, y quizá tampoco el más relevante. Aunque la industria está en un momento de madurez, la cadena de suministro está sufriendo más que nunca como consecuencia del aumento de los costes y de los plazos en la logística, los componentes y las materias primas. Todo ello en una coyuntura de máxima presión en los precios que está haciendo a los fabricantes sufrir más de lo esperado en sus resultados financieros.
La importancia de que la eólica sea “Made in Europe”
En ese sentido, el presidente de Wind Europe, ha asegurado que “acelerar los permisos por sí solo no garantizará que entreguemos proyectos eólicos con tecnología europea”. Añadiendo que “la seguridad energética requiere más energía eólica de cosecha propia, con tecnología desarrollada y 'Made in Europe'”.
La organización Wind Europe defiende que decidir los ganadores de las subastas teniendo en cuenta como único criterio el precio está dejando de ser una estrategia correcta y que “necesitamos subastas que recompensen el valor añadido que aporta la industria eólica europea”.
Tiene cierto sentido que una estrategia que se base no solo en la reducción de emisiones, si no también en la seguridad energética, tenga en cuenta la fabricación local. Sin embargo, eso no es sencillo si los sistemas de subastas premian exclusivamente la reducción de precio, ya que eso empuja a toda la industria a buscar suministro de componentes desde países más competitivos, lo que en muchos casos equivale a irse fuera del continente europeo. Y no podemos olvidar que la energía eólica representa entre 240.000 y 300.000 puestos de trabajo en la UE, y tuvo una facturación anual en 2018 de 36.000 millones de euros.
La Unión Europea ya permite incluir el impacto local en las subastas
Lo cierto es que Unión Europea ya ha dado pasos en esa dirección. Las nuevas reglas de ayudas estatales de la UE permiten a los países miembros diseñar subastas con un 30% del peso de la adjudicación asignado según criterios distintos al precio. El siguiente paso sería que los países comenzasen a trasladar este criterio a los diseños de sus subastas.
Esta práctica de considerar el contenido local no es algo nuevo ni que haya inventado la UE, si no que lleva mucho tiempo haciéndose en algunos mercados. Sin ir más lejos, países como Brasil o Sudáfrica consideran este tipo de criterios en la adjudicación de sus proyectos renovables, lo que potencia el desarrollo de la cadena de suministro de forma local, generando empleo y un impacto positivo sobre la población.
El número de países que aplica este tipo de medidas han crecido a lo largo del tiempo. A cambio, es posible que los consumidores tengan que pagar algo más por la energía producida, pero es algo que tanto las administraciones públicas como la ciudadanía tendrá que analizar y ver si “compensa”.
Además, este tipo de medias también podrían ayudar a “relajar” los movimientos de oposición contra los grandes proyectos renovables, algo que está empezando a crecer en Europa en los últimos tiempos. De esta forma, las adjudicaciones podrían incluir medidas de impacto positivo local o participación ciudadana, permitiendo a las comunidades locales participar en el accionariado de las plantas, por ejemplo. Esto no es común en España, pero en el norte de Europa es habitual encontrar instalaciones renovables que pertenecen a cooperativas o a comunidades de vecinos
Víctor
07/04/2022